- El director de la alianza camionera pide a autoridades acatar recomendaciones del Pimus
- Adquieren concesionarios la primera unidad adaptada para usuarios con discapacidad; se gestionan otras dos
La llegada de Uber a Aguascalientes debe entenderse como una llamada de atención a las entidades públicas y privadas relacionadas con el transporte, a decir de Salvador López Silva, director general de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa).
La noticia, que no fue acogida por el gobierno estatal, es señal de que los tiempos están cambiando, lo que hace necesario adaptarse a la modernidad: “más que afectarnos como prestadores del servicio, creemos que es una llamada de atención, una respuesta a las demandas de los usuarios y eso es precisamente lo que nos motiva a la modernización del sistema de movilidad para solucionar de fondo los problema”.
Dijo que los concesionarios no tendrían que preocuparse de que arribara un tercero a prestar el servicio de transporte si hubiera calidad suficiente para retener al pasaje, por lo que el empresario conminó a las autoridades a agilizar las acciones contenidas en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), presentado hace algunas semanas por autoridades del estado.
López Silva aseguró que de parte de la iniciativa privada ya comenzaron a darse pasos en la materia, con la adquisición de un nuevo autobús por parte de un concesionario de la ruta 23: “se trata de una unidad pintada de blanco que cuenta con piso bajo, suspensión neumática, no son muelles, que es más amigable para el pasajeros; trae cámaras y una rampa de acceso para discapacitados. Al tener un piso bajo tiene una accesibilidad más cómoda”.
Hasta el momento sólo hay una unidad con estas características, pues aunque hay en circulación cinco con una fachada parecida, sus interiores son los convencionales. Se gestiona con un proveedor precios accesibles para la compra de dos vehículos adicionales, sin embargo los precios son más bien prohibitivos en las circunstancias en las que actualmente se encuentra la economía en general.
Un autobús estándar cuesta un millón 400 pesos, mientras que uno igual al de la ruta 23 sobrepasa un millón 800 pesos: “fue sólo un concesionario el que adquirió sin ningún tipo de subsidio o apoyo por parte del gobierno, vamos a ver en medida de lo posible qué se puede hacer pero la idea sería modernizar el parque vehicular”. Actualmente la flotilla se compone por alrededor de 700 unidades.
El director de Atusa dijo que en paralelo a la renovación de los medios de transporte, se tienen que adaptar los paraderos a sus características: “es mucho trabajo para el concesionario pero toda la infraestructura corresponde al gobierno. El Pimus lo tenemos que hacer, pues se condicionan muchas cosas a que si no se moderniza no hay incrementos, nosotros somos los más urgidos en que se aplica pues si no hay un cambio en la modernidad pero no podemos hacerlo si el gobierno no entra a bajar todos esos recursos”.
Hay proyectos de gran envergadura económica que forzosamente ameritan bajar financiamiento de las arcas federales, labor que compete al Gobierno del Estado: “de entrada tendremos trabajar mucho en el recambio de unidades que es parte del proceso de modernización pero hay que aterrizar los recursos a la brevedad posible para gestionar la infraestructura necesaria para poder tener carriles confinados que es uno de los grandes problemas por los que no se puede dar certeza de la circulación y de los tiempos si hay obstrucción de vialidades o estas son inadecuadas”.
