En los recientes artículos he desarrollado ideas sobre cómo poder enfrentar, desde la perspectiva de la economía individual y familiar, la transformación profunda que sufre actualmente el sistema económico-financiero global. Aún son pocas las personas en nuestro entorno inmediato que perciben la inminencia y profundidad del cambio que viene, pero son cada vez más los analistas financieros internacionales, desde los centros neurálgicos del sistema bancario-monetario, que advierten de dicho cambio. Las perspectivas van desde un colapso similar al de 2008, pero más destructivo, hasta la hipótesis de un desmantelamiento gradual -demolición controlada le he llamado- del sistema monetario actual que depende de los bancos privados. Como consecuencia de la desaparición del sistema monetario que conocemos, éste sería poco a poco sustituido por un sistema monetario descentralizado, en forma de moneda soberana como el que ya se prepara en Suiza o en forma de criptomonedas, como los Bitcoin.
La transformación profunda y radical es ya un hecho, los recortes presupuestales y la desaceleración de ventas en casi todos los sectores de actividad lo delatan. Esta transformación trastocará a nivel mundial el comercio, el trabajo y la manera en que se aprovechan los recursos naturales. Con esto cobra total sentido el plan de la élite gobernante del mundo manifestado a través de la Agenda 2030. Por eso llama la atención que, como si nada estuviese pasando en el mundo, nuestros políticos, desde el más alto nivel hacia abajo, insisten en ignorar totalmente el cambio de los vientos a nivel mundial. Continúan sin prever planes contingentes y sólo atinan en recortar el gasto público y atosigar a la población con terrorismo fiscal.
Al igual que para la protección patrimonial, también será necesario hacer algo en estos meses y hacia los próximos años en materia de manejo de recursos del erario público y la política de desarrollo ante el caos previsible.
Abordaré este tema a partir de un conocido caso de ilusión de bienestar económico, el del estado de Aguascalientes, para ejemplificar lo que creo podría realizarse para proteger el erario público que, a fin de cuentas, es de todos.
La política pública de desarrollo del estado de Aguascalientes se diseñó desde hace casi dos décadas sobre la meta de atraer inversión foránea, esperando que con ésta se promovería el desarrollo industrial y de servicios en la entidad, con la esperanza de que a la larga se mejorara la vida de los pobladores de esta tierra. Sin embargo, en este período los sucesivos gobiernos estatales promovieron la inversión de actores económicos que, al obtener importantes ganancias privadas, socializaron pérdidas en materia económica, social y ambiental. El evidente contraste entre la alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y la dramática caída en los niveles de ingreso y calidad de vida de la mayoría de la población son evidencia de este error de cálculo por falta de medición del flujo neto de recursos -el balance entre lo que entra y lo que sale- y una grave disociación entre la política económica y la social.
En sintonía con esta política de impulso a la inversión foránea, el estado recibió importantes flujos de recursos provenientes de la Federación, pero éstos no se vieron reflejados, en proporción equivalente, en mejoras socioeconómicas de las personas.
Por la orientación que se imprimió a la política de desarrollo del estado, se destinó gran parte de este presupuesto federal a la creación de una infraestructura que ha sido aprovechada por la actividad industrial orientada a la exportación, pero que no ha repercutido en beneficio directo de la población.
En 2015 hubo más trabajos, pero peor pagados que a finales del 2009. El ingreso promedio ponderado de los habitantes se redujo en 10.7%: pasó de 2.92 veces el salario mínimo general (SMG) a 2.61. El porcentaje de reducción es aún mayor considerando el deterioro del SMG. Por cada 100 personas que reciben ingresos, hay otras 240 que son dependientes de éstas y no tienen ingresos. Por ello, a finales del año 2015, sumaron casi un millón de personas, 996 mil 324, en el estado de Aguascalientes que viven con ingresos por debajo del límite suficiente para una vida digna, a pesar de haberse reducido el desempleo con todo lo que se diga del crecimiento industrial de la entidad.
Esta situación acusa un error de cálculo en la forma de ejercer el recurso y la administración de éste por quien lo recibe. Adicionalmente, este fenómeno se agrava cuando los recursos que orienta o aplica el gobierno estatal provienen de partidas presupuestales limitadas, por lo que la eventual falla en su aplicación repercute en el costo social que implica gastar un recurso escaso que pudo haberse aplicado en otro con mejor resultado social. Además, esto es particularmente grave cuando es sabido que en ocasiones el estado se ha visto en la necesidad de regresar un presupuesto que no supo ejercerse. También ha sido evidente que en ocasiones, por falta de mecanismos adecuados, de receptores apropiados o de capacitación suficiente de servidores públicos no se ha recurrido a fuentes complementarias de recursos como ciertas partidas y programas federales ad-hoc o incluso de fuentes alternativas como organismos y programas internacionales, tanto públicos como privados.
¿Qué hacer? En la actualidad se presentan tres vertientes de oportunidad que se definen en tres líneas estratégicas de posible acción que podría implementar el gobierno estatal: 1.Promoción de la actividad empresarial y emprendedora para la generación y retención de ingresos en el estado, aprovechando éstos en beneficio de la población. 2.Aprovechamiento de recurso presupuestal utilizando mecanismos de coparticipación con diversos actores socioeconómicos. 3.Atracción de inversiones que generen permanentemente un balance positivo con flujo de ingresos recurrentes hacia el estado. Desarrollaré éstas en las próximas entregas.
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