Gilberto Carlos Ornelas
Con malos modos, preocupación mal disimulada y gran irresponsabilidad, el Gobierno de la República finalmente se deshizo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nuestras autoridades saben que la credibilidad de la “verdad histórica” que construyó la PGR respecto a los crímenes de Iguala está pulverizada. Pero alguien del gobierno de EPN decidió que es mejor manejar ese negro episodio de nuestra historia contemporánea sin la presencia de los investigadores internacionales, aunque eso muestre que hay escasa voluntad y grave negligencia de nuestros funcionarios para llegar a una conclusión sólida y justa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, compuesto por cinco profesionales de prestigio y experiencia, se incorporó a la investigación de los crímenes de la noche del 26 de septiembre – homicidios de seis personas, lesiones de 25 y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa- en marzo de 2015, dos meses después de que el entonces procurador general de la República había declarado lo que llamó “verdad histórica”. Seis meses después, el primer informe del GIEI destruyó esa supuesta verdad al demostrar que no había sustento en la supuesta incineración de los 43 estudiantes en un basurero.
Se debe reconocer que el GIEI llevó la investigación a niveles de mayor rigor científico y técnico. Obligó a los supuestos peritos de la PGR a buscar mejores argumentaciones. Y no obstante, una a una las versiones oficiales han quedado evidenciadas como intentos de falsificación de los hechos.
Por otra parte, es lamentable que las esperanzas que la llegada del GIEI levantó entre las familias de los estudiantes desaparecidos estén quedando reducidas a la dura realidad de una investigación acotada por los intereses y falta de voluntad de quienes no deberían escatimar ningún recurso hasta llegar a la verdad indiscutible.
El segundo y último informe de los expertos independientes, presentado apenas hace unos días, fue más contundente porque confirmó las aseveraciones del primero. Además, evidenció que hubo hechos que no se investigaron y que las autoridades mexicanas actuaron con grave negligencia. Incluso han mostrado indicios que implican a altos funcionarios de procuración de justicia en actividades que comprometen la investigación.
Quedan como retos y pendientes las nuevas hipótesis y las graves interrogantes derivadas del último informe de los expertos independientes. ¿El que fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, sembró evidencias? ¿Quién coordinó a sicarios y corporaciones policiacas para establecer tres círculos de control y muerte en 70 kilómetros a la redonda? ¿Por qué la PGR permitió que un impostor suplantara al operador del “quinto autobús” y declarara así ante el MP? ¿Por qué el Cisen y el Ejército Mexicano, estando informados puntualmente esa noche, permitieron la violencia criminal masiva?
Los propios integrantes del GIEI reconocen que hasta ahora no hay nada concluyente. Aun así debemos saludar y agradecer un aspecto del último informe de los expertos de la CIDH: no hay ninguna evidencia de que los estudiantes se dirigían aquella noche a sabotear ningún evento político, ni de que actuaban a favor o en contra de los carteles criminales de la zona. Seguramente la PGR seguirá alentando, al menos la duda, como lo hace con gran cantidad de víctimas de la llamada guerra contra el narco. Sin embargo, el GIEI ha reivindicado su memoria y su destino; los estudiantes muertos y los 43 desaparecidos eran sólo jóvenes de los más pobres del país, que querían ser profesores y se tropezaron con la colusión criminal más peligrosa en esta tierra: sicarios, policías y autoridades.
Aún sin la presencia internacional, la PGR no debiera resolver el expediente de la investigación con los vicios que nos ha presentado. Está atrapada en su propio laberinto con sus más de cien detenidos que son a la vez sostén y producto de la versión oficial, pero está obligada a considerar el trabajo de la CIDH aunque ello les lleve lo que resta del sexenio o más. Apurar y crear una “verdad jurídica” precipitada sólo será un carpetazo autoritario.
La presencia internacional no había sido aceptada por capricho u ocurrencia. Era indispensable para darle credibilidad a las investigaciones. Deshacerse del GIEI sólo incrementa la sospecha de que se está encubriendo a algo o alguien. El gobierno de México lo sabe de sobra, pero al parecer tiene sus motivos y soslayó la importancia de la ayuda técnica de los expertos extranjeros. Si la intención es oficializar una verdad que jamás será creída y dejarla, como otras, en el desván de la confusión, se han equivocado. La movilización ciudadana y la opinión pública nacional e internacional seguirán demandando lo mínimo exigible para crímenes como los de Iguala: la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables. Por eso, expulsar al GIEI fue un acto de irresponsabilidad o… cinismo.
@gilbertocarloso
