La política de derechos humanos del Gobierno del presidente Enrique Peña continúa siendo de apariencias. Cuando se señala la ‘sistemática violación de los derechos humanos’, acusada desde hace ya tiempo por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, no significa que todos y cada uno del personal de las fuerzas federales, en cada acción que realizan, estén cometiendo la violación a los derechos humanos. Sería una afirmación absurda y fuera de lugar, ya que no se apegaría a la realidad común del servicio que prestan a la sociedad mexicana en todo el territorio nacional.
Es necesario circunscribir el entorno en el que se acusa la sistemática violación a los derechos humanos, y éste es cuando las fuerzas federales tienen contacto con los criminales de la delincuencia organizada. Es en este escenario donde se señala la constante violación a los derechos humanos, y en el que el Gobierno del presidente Peña ofreció desde su inicio respetar y hacer respetar esos derechos.
En este contexto es necesario señalar dos puntos que están incidiendo en el debate actual sobre el asunto del respeto a los derechos humanos, y que han arrancado una respuesta inmediata y contundente del Gobierno de la República: el primero es el referente a la imagen de México en el mundo, y, el segundo punto, es el papel que están jugando actualmente las redes sociales.
El primer punto lo podemos considerar en el tenor de la importancia que dan los gobernantes a ‘lo que se dice de ellos en otros países’, circunstancia que para Peña es extremadamente fundamental, en razón de que dicho punto se convierte en una línea estratégica de gobierno al dar suma prioridad al papel que juegan las apariencias.
El segundo punto lo venimos observando cada vez más actuante en el difícil camino de México por la democracia y el combate a los muchos vicios que están mostrando los gobiernos. Este punto se orienta al desenmascaramiento de las políticas de apariencias, motivo por el que los actores gubernamentales señalados, suelen descalificar constantemente los contenidos difundidos a través de las redes sociales.
Ambos puntos se conjuntaron en las semanas recientes y llevaron a la administración del presidente Peña a tomar medidas excepcionales y extraordinarias. El pasado 11 de abril inició su visita a Alemania, el 13 llegó a Dinamarca, y el 15 regresó a México.
El preámbulo de la reacción contundente del Gobierno la recibió el presidente Peña en Alemania y en Dinamarca. En su columna Estrictamente Personal publicada en el periódico El Financiero el 18 de abril, Raymundo Riva Palacio describe a Peña como ‘Un Presidente regañado’ (fue el título de su columna en ese día).
Riva Palacio se apoya en la nota del corresponsal de El País en Alemania, que describió “la molestia y la preocupación de los inversionistas alemanes con México. “En México existe un gran vacío en temas de seguridad jurídica. El gobierno debe abordar estos temas si desea atraer a los inversionistas”, dijo Erich Schweitzer, descrito por el corresponsal como “el poderoso” presidente de la Cámara de Comercio e Industria alemanas… En Copenhague, al anunciar conjuntamente con el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, los acuerdos bilaterales firmados, un periodista danés le preguntó al jefe de gobierno cómo podían suscribirlos con un país violador de derechos humanos. Rasmussen esquivó, pero no por completo. Los ataques a la libertad de expresión y a las desapariciones forzadas, dijo, son “causa de preocupación” para su gobierno…” (tomado de Riva Palacio).
Fue durante su estancia en Dinamarca, el día 14 de abril, que se filtró en las redes sociales el video de la tortura que personal de las fuerzas federales aplicaron a una mujer en Ajuchitán, Guerrero.
Con los dos puntos presentes en el escenario político mexicano e internacional, y habiendo declarado ante la primer ministro alemana un día antes de conocerse el video que “México es un país que protege los derechos humanos” (El País) y de recibir el apoyo para la resolución de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la estrategia del Gobierno de la República inicia su manifestación de gran indignación por lo sucedido con la mujer de Ajuchitán, Guerrero.
El sábado 16 de abril, ante 30 mil soldados congregados en el Campo Militar número 1, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por la tortura que cometieron militares; el discurso fue transmitido a muchos otros cuarteles. El lunes 18 continuaron con la muestra de indignación el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales (LJ, 17 y 19 de abril).
¿Por qué hablar de una política de derechos humanos de apariencia? Porque el hecho sucedió el 4 de febrero de 2015; la SDN -según su boletín de prensa del 14 de abril- se enteró el 10 de diciembre de 2015; el 4 de enero de 2016 dio vista a la PGR; y el 5 la Procuraduría de Justicia Militar aprehendió a un capitán y a una soldado policía militar; su reacción de gran indignación y las nuevas aprehensiones de responsables se dan ahora, después de que se conoce el video y después de los señalamientos que recibió Peña en sus visitas a Alemania y Dinamarca.
Además, en la red son constantes las fechas en que Peña, desde su llegada a la presidencia de la República, declara su celo por el respeto a los derechos humanos. Actitud que contrasta rotundamente con las denuncias, también constantes, de organizaciones nacionales e internacionales sobre la sistemática violación a los derechos humanos en México, y con los informes de la ONU y de la CIDH.
De ahí que, si las disculpas ofrecidas en los niveles del general secretario Cienfuegos y de otros funcionarios del Gobierno de la República han sido consideradas como buena señal, de la misma manera el escepticismo y la incredulidad, lamentablemente, siguen estando presentes.
