Con la llegada de Enrique Peña Nieto al Gobierno Federal se acabó la vida privada de todos los mexicanos; la semana pasada se detonó el escándalo a raíz de que el padrón electoral correspondiente al corte de febrero de 2015 se encuentra disponible para su adquisición en el sitio de venta de productos Amazon, los datos personales de más de 84 millones de personas se pueden obtener con solo abrir una computadora y realizar la compra como quien como compra un boleto de avión o un par de zapatos de su gusto a través de la red. El control criminal de comunicaciones desde el aparato del gobierno representa la enorme incapacidad de mantener un gobierno a partir del ejercicio del poder democrático y se disminuye a un vulgar intento de control social mediatizado. Un priismo… “en todo su esplendor”.
En lo que va de la presente administración se ha utilizado el espionaje y la violación de comunicaciones privadas como correos electrónicos e intervención de llamadas telefónicas para beneficiar a los intereses oficiales, revelar una conversación como la que se hizo del propio presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba en mayo del año pasado y la mas reciente respecto de mi compañero legislador con licencia Miguel Ángel Yunes en una llamada telefónica con su hijo que es envuelta de suposiciones dolosas e irónicas para tratar de realizar un montaje de desprestigio que tiene como objetivo generar presión desde el Gobierno Federal es lo más bajo y cobarde que puede hacer un estado; ninguna coincidencia, a Córdova Vianello lo querían “apretar” previo al proceso electoral del año pasado a consecuencia de acciones concretas de mantener la autonomía en las decisiones del órgano electoral, a Yunes Linares se le pretendía afectarle ante su ventaja de más de dos dígitos en el proceso electoral que se vive en el estado de Veracruz. La intervención de las comunicaciones fue denunciada por el hacker colombiano Andrés Sepúlveda el pasado 31 de marzo: el PRI le pagó 600 mil dólares. No existe hasta el momento ninguna investigación.
Sujetar a las sanciones de la ley estas acciones es algo que tarde o temprano llegará, “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague” reza esta frase popular y esto ya ocurrió en Aguascalientes; el director de Radio y Televisión de Aguascalientes, Carlos Penna, ignoraba o suponía que la ley nunca alcanzaría sus acciones ilegales a favor del PRI y de la candidata de Peña Nieto. La utilización de una televisora propiedad del pueblo para beneficiar a candidatas y candidatos del partido que se ha opuesto a establecer un fiscal anticorrupción autónomo pareciera que trae como prebenda la búsqueda de impunidad o cobijo a los funcionarios que deciden violar la ley electoral, lo que quizás tampoco sepan es que con la medida cautelar dictada por el Instituto Nacional Electoral el viernes pasado en el sentido de impedir que el aparato de comunicación oficial se utilice para difundir propaganda electoral disfrazada de contenido noticioso, se desprenden acciones de responsabilidad penal. Quien aspire a intervenir en un proceso electoral utilizando o a cambio de recursos públicos o prohibidos estará en la inminente comisión de un delito. Veremos si la prudencia prevalece sobre la codicia desmedida.
@JorgeLopez_M
