En la historia política observamos dos elementos presentes en el gobierno de las sociedades. Uno lo identificamos con la frase “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece” (atribuida al primer ministro británico Winston Churchill); la frase indica que existe una relación estrecha e interactiva entre la sociedad y su gobierno, en la que las personas y los grupos electores muestran afinidades y concordancias con determinados aspirantes a los puestos de gobierno, a los que, finalmente con la votación, eligen para que los gobiernen.
Al interior de esa relación entre gobernados y gobernantes encontramos determinados valores que son vividos y sustentados en la sociedad, y que son demandados a los gobernantes. Si la sociedad vive la justicia y la equidad, la transparencia y rendición de cuentas, la solidaridad y la compasión mutua, etcétera, entonces, demandará a sus gobernantes que vivan y practiquen tales virtudes. La consecuencia natural sería que una sociedad con estas características, de ninguna manera toleraría o solaparía a un gobierno que no las vive y que practica los defectos opuestos a tales virtudes.
Si no existe tal relación entre gobernados y gobernantes, entonces, tampoco será exigible la existencia de las afinidades y concordancias; la consecuencia en esta circunstancia será que el gobernante podrá hacer el gobierno a su arbitrio, sin la supervisión y evaluación de sus gobernados, y, por lo tanto, sin la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad.
El medio ambiente propicio para la construcción y permanencia de una relación favorable para la sociedad, es la democracia; el punto clave para que la democracia siga siendo tal, se centra en que la sociedad debe ser fuerte y no débil, ya que la debilidad abriría la posibilidad del abuso del gobernante para la manipulación de la democracia y el rompimiento de la afinidad y concordancia.
El segundo elemento se presenta cuando la mentalidad que tienen los gobernantes para hacer el gobierno de la sociedad, ya no corresponde a lo que la sociedad demanda. La ‘mentalidad de gobierno’, se refiere a las ideas que integran la visión que tiene un gobernante para ejercer el poder político, que serán las que guiarán sus acciones y decisiones para con la sociedad.
El caso Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, se ha convertido en un indicador claro de que la mentalidad que aplica el gobierno del presidente Enrique Peña para gobernar, ya no es compatible con el desarrollo que tiene la actual sociedad mexicana. No obstante que la sociedad mexicana no es uniforme, -ya que encontramos un sector importante que con las elecciones muestra su apoyo a estos gobiernos (en Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, ¿volverá a ganar el PRI?)-, observamos otras corrientes que cada vez más muestran, con mayor amplitud, su desacuerdo con esa mentalidad de gobierno.
Las preguntas indispensables, al menos son dos: ¿por qué hablar de una mentalidad de gobierno incompatible ya con la sociedad actual?, y ¿cuáles son los elementos mostrados en esa incompatibilidad? Una respuesta a la primera pregunta es que las formas de hacer gobierno que está teniendo la administración Peña corresponden a los tiempos del autoritarismo hegemónico anterior a las alternancias políticas partidistas.
En la larga época del partido único, el gobierno usaba la razón de fuerza para imponer la paz y la prosperidad; en asuntos judiciales no era necesaria la investigación o el estudio de hechos, simplemente el gobierno dictaba sus conclusiones, y todos, todos, -incluidos jueces y medios de comunicación-, repetían la sentencia dictada, sin que en la sociedad hubiera alguien que se opusiera. Las disidencias se explicaban como atentados a la estabilidad política, y eran resueltos mediante la represión ‘patriótica’, en aras de la paz social. Otras visiones políticas no cabían en el espectro de la revolución mexicana, y terminaban por frustrarse. No había crítica ante los errores de gobierno, el desperdicio de recursos, o las escandalosas corrupciones, etcétera.
La administración Peña parece buscar que la sociedad actual acepte todavía estas formas de hacer gobierno, no obstante que la sociedad señala que ya no son compatibles con el desarrollo que hoy tiene.
Los elementos que muestran la incompatibilidad de la mentalidad actual de gobierno son muchos; entre esos podemos mencionar algunos. Aquí entra la observación del caso Ayotzinapa con la ‘verdad histórica’, la siembra de pruebas, la concertación con aliados tanto para seguir sosteniéndola como para desacreditar a todo el que no se ‘alinee’ con la sentencia, y, finalmente, el ‘ya supérenlo’ del presidente Peña.
Otras circunstancias que muestran la incompatibilidad de la mentalidad de gobierno son el torpe manejo de la SEP en el asunto de la redefinición del Instituto Politécnico Nacional y en la aplicación de la Reforma Educativa; la constante obstrucción al nuevo sistema anticorrupción; la metódica negación de la aplicación de la tortura y violación a los derechos humanos; el acoso y permisividad ante los asesinatos de periodistas, junto con la desaparición de personas; el retraso en la despenalización del uso medicinal y lúdico de la mariguana, ya aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la tendencia a la criminalización de la crítica política en las redes sociales; la falta de comprensión y congruencia en la necesidad de promover la convicción de elevar los salarios para una mejor economía y calidad de vida; en Aguascalientes el Gobierno del Estado gusta de engañar a la sociedad informando cantidades de obra pública que no corresponden a lo observado, etcétera.
Hoy la sociedad mexicana ha evolucionado y cambiado; la globalización ha traído un conocimiento abierto del mejoramiento de la forma de vida que han logrado muchas otras naciones y sus gobiernos, y que también podemos tener en México. Para ello es obligado el cambio de mentalidad de gobierno que utiliza formas incompatibles de gobernar, por nuevas que sean acordes a la vida de la sociedad de hoy.
