Cerca del 70% de inculpados no pisarán la cárcel con el nuevo sistema de justicia - LJA Aguascalientes
07/12/2021

  • En un año, se evitó la prisión preventiva a cerca de 15 mil personas
  • Esperan aprobación de dos leyes para implementar el nuevo sistema en todo el país

 

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, alrededor del 70 por ciento de las personas que pudieran afrontar algún conflicto con la ley podrían evadir su paso por la cárcel; lo que impactaría de manera directa la sobrepoblación de los centros de reinserción social del país.

María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), en su visita por Aguascalientes para el arranque del sistema de juicios orales en todo el estado; señaló que al día de hoy en México más de 250 mil personas se encuentran privadas de su libertad.

–¿Prevén desalojo de cárceles?

–Hoy ya se está dando el caso de la despresurización de penales de muchos asuntos que anteriormente estaban ya -con el sistema anterior de justicia- predestinados a que entraran en un penal, hoy se resuelven o se les impone una medida cautelar distinta a la prisión preventiva y hemos reducido en un estudio que hicimos en doce estados durante un año, para que más de 15 mil personas dejaran de pisar la cárcel. Aproximadamente entre un 70 y 60 por ciento son casos en los que ya no se está aplicando la prisión preventiva bajo este nuevo Sistema de Justicia Penal.

En los lineamientos del marco legal para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia, existe un artículo transitorio que permite a quienes fueron juzgados con el sistema anterior, solicitar se les aplique el principio pro homine -el derecho de los derechos humanos- para que se les apliquen las nuevas medidas de los juicios orales, y con ello, lograr reducir su sentencia.

“Siempre y cuando haya una audiencia en la que puedan concurrir las partes y pueda haber una análisis del riesgo, el juez decidirá si esta medida deba cambiarse o modificarse en razón del delito”, detalló Fromow Rangel.

“Es importante que la ciudadanía tenga claro, no es que la persona se vaya sin ser juzgada, se le pone una medida que puede ser o un localizador o una multa económica, o un seguimiento en su domicilio, hay muchas medidas. Es muy importante mencionar que el porcentaje de cumplimiento de estas medidas está siendo del 93 por ciento. Esto es importante porque no rompes la cuestión social, el círculo de convivencia de la persona en tanto sea sentenciado y en segundo lugar hay mejores posibilidades de que esta persona tenga un juicio transparente, claro y apegado a los derechos humanos. Este es un efecto del nuevo sistema que tenemos que regular para poder dar una mayor claridad de derechos humanos dentro del sistema de justicia”.

Aunque Aguascalientes impuso como fecha límite el 27 de mayo para la instalación total del nuevo sistema en el estado, en el ámbito nacional el plazo concluye hasta el 18 de junio. A menos de un mes de llegar a la fecha, aún faltan armonizaciones legislativas para la debida implementación de los nuevos lineamientos penales.

El Congreso de la Unión debe apurar sus trabajos de armonización en la Ley Nacional de Discusión Penal y la Ley de Justicia para Adolescentes.


“Se ha abierto ya el trabajo para un periodo extraordinario en donde el Congreso de la Unión se ha comprometido en que este sea uno de los temas para desarrollarse dentro del periodo legislativo. Nosotros aportaremos la parte técnica para las discusiones de los legisladores y que la próxima semana puedan ser dictaminadas esas leyes, y así poder tener el marco jurídico adecuado antes del 18 de junio del 2016.”

La Setec contará con diferentes plazos para contar con las bases necesarias para el completo funcionamiento de la armonización de las leyes en la impartición de justicia.

“Estas leyes nos imponen un periodo para completar todos los requerimientos tecnológicos, equipamiento de reorganización, en el caso de justicia para adolescentes son tres años, para el caso de ejecución de sanción penal son cuatro años. Van a venir a dar un cambio muy importante de armonización nacional a la forma de cómo se imparte la justicia para las personas adolescentes en conflicto de la ley y por otra parte todo lo que significa la reinserción social para todas las personas que han sido sentenciadas”.


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