- Las 32 comisiones estatales y la nacional, se preparan para combatir dicha ley
- Autoriza cateo domiciliario a particulares
Las 32 comisiones estatales de los derechos humanos y la de la Ciudad de México preparan la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República al Sistema de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales.
Las reformas aprobadas autorizan el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno y a los recintos oficiales como la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Lo anterior fue aprobado en la Cámara de Diputados el 21 de abril que, de manera inusualmente rápida, pasó por la aprobación de la Cámara Alta.
“La comisión nacional y las comisiones de los estados estamos trabajando en una acción de inconstitucionalidad por la ley que fue aprobada para la reforma del sistema de justicia militar. Esta nueva legislación, otorga facultades al juez de control militar para que pueda practicar cateos, con lo cual ya habría una violación constitucional porque la ley establece que solamente pueden conocer los juzgados militares procesos para militares, y en ciudadanos civiles tienen que conocer los jueces del orden del común”, indicó Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
Ante los cambios realizados por los legisladores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un documento desde la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos a los presidentes de los grupos parlamentarios y presidentes de comisiones dictaminadoras para advertir que lo propuesto contenía “aspectos sustantivos” que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
Entre los cambios puestos a discusión por la oficina de la ONU, se distingue como peligroso que a partir de la reforma, los militares estén autorizados para interceptar comunicaciones privadas de civiles; utilizar a menores de edad como testigos en procesos penales militares y restringe la cobertura de periodistas a los futuros juicios orales de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Señala que ninguna persona procesada o sentenciada por tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos u otras figuras análogas y establece que el delito de tortura es imprescriptible.
Los legisladores pasaron por alto las recomendaciones realizadas por la ONU durante la discusión de la citada reforma.
Martín Jáuregui dijo desconocer la fecha exacta en la que se presentará la acción de inconstitucionalidad por parte de las comisiones de derechos humanos, sin embargo, aseguró que todos los presidentes de las comisiones y Raúl Plasencia, de la comisión nacional, mantendrán reuniones a lo largo del mes.
