Durante la última semana de abril, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, turnó al Senado de la República un paquete de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos, entre ellos, al relacionado con la Justicia Laboral, en la que propone eliminar las actuales juntas laborales y delegar la responsabilidad a los poderes judiciales en los estados y al Poder Judicial de la Federación, en el caso de la Junta Federal.
Esta propuesta emana de la Reforma Laboral impulsada al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, desde entonces se acordó realizar estos cambios profundos, y el tiempo nos alcanzó.
¿Será acertada la medida de desaparecer las juntas locales?
En realidad no hay todavía acuñada una respuesta suficientemente debatida y construida por los sectores involucrados. Más allá de una opinión -que en todo caso sería muy válida-, será necesario que los senadores, ahora que tienen en sus manos las iniciativas, consensúen con los sectores directamente involucrados para, en primera instancia, conocer de bien a bien las implicaciones que tendrán estos cambios, y desde luego, que tomen puntos de vista y parecer, para que su voto esté plenamente sustentado.
Por lo pronto, en la exposición de motivos de la iniciativa, brinda datos muy interesantes como el que, de 1995 a 2015, los conflictos individuales se incrementaron 132 por ciento, al pasar de 125 mil 510 a 291 mil 548, debido a que 18 millones de mexicanos se incorporaron a la población económicamente activa.
Las instituciones de impartición de justicia laboral se han mantenido intactas en su estructura y procesos desde su fundación a fines de la década de los 20, esto es porque tras la Revolución, las juntas locales y los tribunales laborales y agrarios quedaron en manos del ejecutivo a efecto de pagar cuotas políticas tras el nuevo orden en proceso de instauración. Desde entonces, y a la fecha, sin justificación aparente, todavía siguen estas estructuras de justicia en manos del Ejecutivo.
Como parte de los cambios, se propone que los trabajadores y patrones en conflicto deberán acudir a una audiencia de conciliación obligatoria en la que se privilegiarán los acuerdos, con lo cual se reducirán los tiempos de un juicio. Para llevar a cabo este paso del proceso, se constituirán Centros de Conciliación especializados, que contarán de autonomía técnica, operativa y presupuestaria.
También se propone crear un organismo descentralizado de la administración pública para atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, algo de lo que sería muy positivo, que los registros se hicieran sin mayor trámite que el que estrictamente se establece desde el punto de vista administrativo, y que no intervengan criterios de carácter político como actualmente sucede.
Debe haber una inversión de recursos para que realmente haya un mejoramiento en la justicia, el simple hecho de trasladar la impartición de justicia en materia laboral a los juzgados no lo garantiza.
