- Los funcionarios deben estar al mismo nivel que los ciudadanos
- El fuero es una medida caduca que ya agotó su tiempo de vida útil, y que por el contrario puede entenderse como un privilegio más de la clase gobernante
En la primera sesión ordinaria del segundo periodo legislativo del tercer año de sesiones en el Congreso del Estado, el diputado panista, Mario Álvarez Michaus, presentó una iniciativa de ley en donde propone eliminar el fuero a los funcionarios públicos que estén inmersos en algún proceso legal.
La reforma contempla modificaciones a la Constitución Local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para eliminar el juicio de procedencia para poder iniciar un procedimiento penal contra funcionarios como consejeros del Instituto Estatal Electoral, del Instituto de Transparencia del Estado, del Consejo de la Judicatura, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e incluso síndicos y regidores de los Ayuntamientos. Además de presidentes municipales, gobernadores y cualquier persona que labore en el servicio público. El legislador argumentó: “No es declarar en ningún momento a un funcionario como culpable, es únicamente darle condiciones de igualdad ante la justicia como todas las demás personas, nadie será culpable hasta que se demuestre lo contrario, y no estaríamos negándole a nadie la posibilidad de defenderse ante los Tribunales”.
Apuntó que el fuero inició como una medida para garantizar la libertad de expresión, la manifestación de ideas e incluso la crítica, un equilibrio entre poderes. Hoy no sólo se ha distorsionado, sino que goza del repudio de un gran sector de la sociedad: “El fuero es una medida caduca que ya agotó su tiempo de vida útil, y que por el contrario puede entenderse como un privilegio más de la clase gobernante, como un pasaporte a la impunidad y como un escalón más de desigualdad entre los políticos y los ciudadanos”.
Álvarez Michaus cuestionó a los legisladores: “¿Por qué esperar a que concluya el mandato para hacerle justicia a un agraviado?, sólo por el hecho de que el presunto culpable es diputado o magistrado o algún funcionario influyente”.
Lo anterior fue presentado luego de la aprobación unánime para la armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y a la Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, presentada por Carlos Lozano de la Torre para facilitar la instalación del nuevo sistema penal acusatorio en el estado.
El Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de Álvarez Michaus para ser turnada a las comisiones que competan en el tema a fin de que sea discutida y, en su caso, presentada ante el Pleno Legislativo para su aprobación.
