La demencial guerra sucia detonada en 1968 por la masacre de Tlatelolco, combinada con el Plan Cóndor con que el Imperio desestabilizó a toda América Latina, motivó al régimen de López Portillo a buscar una forma de restablecer la concordia en el país; fue así como el proyecto democratizador del maestro Jesús Reyes Heroles hizo posible la Reforma Electoral de 1977, materializada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales; su lamentable retiro debido al embate de sus enemigos le impidió consolidar el proyecto que terminó en un diseño confuso y complicado para el ciudadano común y corriente, que lo hizo inoperante para efectos prácticos; por otra parte, el deterioro educativo impuesto por la ideología neoliberal fracturó la cultura cívica que le daba sustento a nuestra nacionalidad; pero lo peor de todo fue el torrente de dinero que, inyectado sin los controles necesarios, contribuyó a hundir al país en la brutal corrupción que nos asfixia.
En un penoso proceso de ajustes pasamos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 1990 y 2008, y finalmente a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE) y del Código en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 2014, cuya aplicación estamos empezando a ver en la práctica del presente ejercicio electoral.
En esta secuencia de reformas, algunos de quienes nos interesamos por estudiar, aplicar y criticar los vicios que se habían acumulado, aportamos nuestro granito de arena proponiendo soluciones; algunas se han puesto en práctica y otras no, pero vale la pena ventilarlas.
Se trata de varios trabajos que la revista Proceso publicó en forma muy sintética, en la sección que por nuestra iniciativa puso a disposición del público con el título “Reforma Política” durante la contienda electoral del 2006 -de triste memoria- para combatir los excesos en que había estado incurriendo la autocracia dominante desde 1982.
Presentamos unas cuantas sugerencias en forma muy esquemática:
Suprimir la Cámara de Senadores, que en 2006 significaba un costo de 2 mil millones de pesos anuales.
Abolir las figuras de candidatos por el procedimiento de elección indirecta como son el plurinominal, el de representación proporcional y el de mayoría relativa que, aparte de ser inconstitucionales, encarecen la democracia.
Programar solo cada seis años las elecciones para cubrir tanto los cargos de la administración pública federal, como los de la estatal y municipal, con campañas que no duren más de dos meses.
Calcular el subsidio austero que el estado deberá proporcionar a las organizaciones políticas con base en el número de afiliados efectivos, pues es claro que todos los partidos manejan cifras alegres.
Exigir a los partidos la entrega oportuna de sus documentos básicos: declaración de principios, estatutos y plataforma electoral, debidamente actualizados.
Prohibir la compra de propaganda de cualquier tipo y limitarse a los tiempos y espacios que los diversos medios de difusión tienen la obligación de ceder.
El INE organizará las presentaciones y debates públicos de todos los candidatos.
Prohibir la contaminación visual del entorno por medio de pintas y anuncios fijos. Toda la propaganda material deberá tener utilidad secundaria para no producir basura electoral.
No autorizar más gasto para difundir el resultado del trabajo de la administración pública, que el necesario para la difusión del informe anual.
Evitar que todo funcionario haga mal uso de nuestros impuestos promoviendo su imagen o la de su partido, so pena de aplicarle las responsabilidades correspondientes.
En relación con las recomendaciones para que la ciudadanía considere la forma en que emitirá su voto, la primera consiste en que se informe acerca de quiénes son los candidatos, conozca sus antecedentes y analice sus propuestas; en segundo lugar, analice con detenimiento el contenido de la boleta electoral, en la que se presentan los candidatos según el partido al que pertenecen, de manera que si cruza el recuadro de un partido se vota tanto por el propietario como por el suplente.
También debe tomar en cuenta que, si decide no votar por ningún partido, puede hacer uso del espacio que hay en la parte inferior de la boleta que dice: “Si desea votar por un candidato no registrado, escriba en este recuadro el nombre completo.”
Finalmente, si el candidato por el que votó resulta electo, observe su desempeño en el cargo y evalúelo de acuerdo con los compromisos que se impuso; si los cumple felicítelo y apóyelo en su comunidad; en caso contrario manifiésteselo e invítelo a renunciar o revóquele el mandato, figura jurídico-electoral que necesitaríamos gestionar primero ante el Poder Legislativo para que la genere.
Todos podemos analizar nuestro entorno político y emitir una opinión que eventualmente podría ser útil para los demás y en especial para las nuevas generaciones.
Ejerzamos nuestro derecho al voto. No hacerlo significaría traicionar al millón de mexicanos que murieron en la Revolución por conquistarlo.
¡Forjemos ciudadanía!
“Por la unidad en la diversidad”
2016, año de Jesús Terán y Jesús Contreras
Aguascalientes, México, América Latina
