- Iniciativa sobre justicia cotidiana prevé desaparecer Juntas de Conciliación y Arbitraje
- Cuestionan empresarios capacidad presupuestal para implementar el mecanismo propuesto por Peña Nieto
El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (Ccea) reconoció la necesidad de modernizar la impartición de justicia laboral para erradicar los vicios que perjudican tanto a trabajadores como a empleadores, sin embargo la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, podría no ser la solución a lo que se está buscando.
La propuesta de Enrique Peña Nieto en materia de justicia cotidiana, prevé la creación de tribunales especializados en conflictos laborales, lo que de acuerdo con el presidente del organismo, Pedro de la Serna López, no requeriría una participación tripartita durante el proceso de conciliación.
La ventaja del actual modelo de justicia es que hay representantes laborales y patronales en las Juntas, que en caso de que hubiera una reforma, pudieran no ser necesarios y la resolución de las controversias quedaría en las manos de un juez que podría ser manejado por el estado, con lo que los procedimientos perderían el balance de poderes: “Una reforma debe ser algo que ayude, que simplifique; se ha presentado la iniciativa, falta revisar y ver qué contesta el Senado de la República, debemos de esperar a que se decida si se van a quitar las tres partes que conforman la Junta para que un juez dé una decisión, y de ser el caso, necesitamos saber bajo qué criterios se va a basar”.
Por otra parte, Alberto Aldape Barrios apuntó que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión tampoco especifica el origen de los recursos con los que se pondrá en marcha el nuevo sistema de justicia laboral. Es probable que los estados tengan que cargar con los gastos de los nuevos juzgados laborales y de las instancias de conciliación planteadas por el presidente de la República: “Los gobiernos de los estados se encargarán de pagar jueces, de tener un secretario de acuerdos, y todo esto implica un mayor costo”.
Tampoco se tiene claridad sobre el tratamiento a los demandados. En los juicios orales de carácter penal se reduce la pena si la parte inculpada se declara culpable por anticipado, pero la propuesta de Peña Nieto no precisa si a un empresario que dé la razón al trabajador se le rebajará el costo de la liquidación, toda vez que la Ley Federal del Trabajo prevé el pago de los salarios caídos durante el juicio y en ocasiones esto lleva a la quiebra a las empresas: “El pago cubre doce meses, pero se aplica una tasa de interés que actualiza esa cantidad, es decir, no se congela; si fuera así, el perjudicado sería el trabajador y lo que trata la Junta es de no afectar al trabajador y se actualiza ese monto, y si continúa puede generar hasta el 100 por ciento de interés sobre los 365 días. Las empresas de menor tamaño no conocen el procedimiento, se convierten en juicios en rebeldía que tardan más de un año y los adeudos se vuelven millonarios”.
Los empresarios aseguraron no ser reactivos a la transformación, siempre y cuando haya condiciones, presupuesto y aceptación por parte del sector obrero.
En otros asuntos, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Miguel Ángel Huizar Botello, anunció que Aguascalientes será sede de la Segunda Reunión Nacional de Ingeniería Civil “Los retos de la ingeniería civil en México”, a llevarse a cabo del 12 al 14 de mayo. Entre los temas que se abordarán, destacan el impacto del cambio climático en las construcciones, la estabilidad y seguridad de los edificios, el Aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros.
