Uno de los elementos clave en el desarrollo democrático de un país, consiste en que los ciudadanos electores logren la caracterización de la identidad propia que tiene cada fuerza política. Es un asunto que tiene importantes consecuencias tanto para la sociedad como para su gobierno, ya que tal caracterización se vuelve un espacio de lucha entre la transparencia y la opacidad, entre la resistencia de la clase política que busca hacer el gobierno de una determinada forma -con rasgos negativos como la corrupción- y los ciudadanos que demandan otra forma de hacerlo que contenga la transparencia y el combate a la corrupción, etcétera. El logro de la caracterización de la identidad de las fuerzas políticas permite al ciudadano -“sin rasgarse las vestiduras”- dar a cada partido político lo que le corresponde de manera particular.
Una importante defensa de la inercia de corrupción e impunidad que vivimos en México, radica en alimentar el dicho común de que “todos los partidos políticos son iguales”; es la manera de esconder tanto la inactividad u omisión para mejorar los sistemas de gobierno, como para “camuflar” la inclinación que tienen decisiones de determinados partidos políticos, para dejar abierta la ocasión para la degeneración del gobierno y sus programas de trabajo.
El desarrollo democrático de nuestro país deberá llegar, paulatinamente, a la clarificación de la identidad de cada partido político. Será la forma de distinguir, por ejemplo, qué partido impulsa con convicción el combate a la corrupción, y qué partido lo defiende sólo en tiempos electorales. O qué partido mantiene las finanzas del gobierno sin poner en riesgo la economía del país, y qué partido descuida el uso de los recursos fiscales, que se pierden en los programas de gobierno, etcétera. Hasta hoy pareciera que es mejor ubicar calidad ética de los partidos políticos en un mismo “costal”, sin tener que hacer la separación de unos y otros, ya que -dan a entender- dividiría a la sociedad y los desprestigiaría, al “etiquetar” a las fuerzas políticas en uno u otro casillero.
¿Cómo está haciendo el gobierno, el presidente Enrique Peña? Un ejemplo importante, por las consecuencias que ha tenido -no sólo electorales-, es el de la iniciativa de reforma constitucional para los matrimonios igualitarios. Es un ejemplo que muestra de manera clara y precisa, la falta de sentido político útil y oportuno, que ha mantenido Peña en sus casi cuatro años de gobierno (otro ejemplo lo está siendo la aplicación de la reforma educativa y el movimiento magisterial).
Es común reconocer que la sociedad mexicana es conservadora en sus formas de vida; asunto que los políticos utilizan de manera contradictoria, para congraciarse unas veces, o para justificar omisiones en otras. En ocasiones los gobernantes afirman que, en determinados asuntos, deben tomar decisiones incómodas para la sociedad pero que son necesarias; y, en otras, dicen que es oportuno esperar a que se generen los consensos sociales para poder tomar la decisión esperada.
La siguiente pregunta es ¿por qué motivo el presidente Peña envió, en tiempos electorales, esa iniciativa de ley para el matrimonio igualitario -como también la referente a la despenalización de la mariguana-? La respuesta “oficial” apunta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el mandato (ocasión en que el presidente se mostró obsecuente de manera inmediata, mientras que en otros asuntos no lo hace).
¿Por qué hablar del uso electoral del matrimonio igualitario? Porque en el contexto de la sociedad conservadora, observamos la oportunidad de atender a las minorías, como ha sido la necesaria respuesta en las políticas públicas de gobierno a las personas con discapacidad, o la defensa de los grupos étnicos de nuestro país, o, ahora, el impulsar el uso de la bicicleta y la protección de los ciclistas, etcétera.
Con las dos iniciativas de ley -dicen los conocedores que en política nada es casual-, pareció ser objetivo electoral para beneficio del PRI, que el presidente se mostrara afín a las minorías homosexuales (lo que es una realidad innegable que merece el reconocimiento legal y legítimo -asunto que obliga a una consideración mayor en nuestra sociedad-). Ambos puntos, el matrimonio igualitario y el consumo de la mariguana, no son temas primordiales para el PRI, como se puede observar en los tiempos recientes tanto en el Congreso de la Unión como en los de los estados, por lo que el envío de las iniciativas fue considerado como la oportunidad electoral para presentarse como innovadores.
La falta de sentido político del presidente Peña no valoró los efectos que tendrían las iniciativas, particularmente la de los matrimonios igualitarios (ya pasadas las elecciones, su partido echó abajo el aumento del gramaje para consumo lúdico de la mariguana, desdiciendo la supuesta imagen progresista).
El efecto observado en Aguascalientes, presentó peculiaridades distintas a las vistas en todo el país. La candidata a la gubernatura por el PRI, Lorena Martínez, fue colocada en una complicada posición: con los grupos demandantes LGBT se expresó receptiva al matrimonio igualitario, pero con motivo de la elección del 7 de junio observó que no era aceptada por grupos de electores, viéndose en la necesidad de cambiar su posición para decir que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, contradiciendo la iniciativa del presidente Peña. Es así como el delicado asunto del matrimonio igualitario fue utilizado con motivos electorales, resultando ser, al final, un “tiro por la culata”.
Con este caso podemos avanzar en la caracterización de la identidad de los partidos políticos, como es el PRI. Es una caracterización que ni debe llevarnos a su rechazo ni a la confrontación, ya que debemos -como sociedad- convivir con todas las fuerzas políticas y sus gobiernos, distinguiendo cada identidad, sin que nadie se sienta sorprendido.
De ahí que cada partido político debe elegir cuáles serán sus rasgos de identidad, evitando así el pretender engañar a los ciudadanos con lo que, en realidad, no son.
