- La legislación del matrimonio igualitario es una cuestión de derechos humanos, por lo que no es un asunto que se tenga que someter a consulta o debate
Activistas del Frente de Organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos y la Diversidad Sexual, exigieron a los diputados de la LXII Legislatura que reformen el Código Civil del Estado para que el matrimonio puede realizarse entre dos personas sin distinción de sexo, orientación o identidad sexual, estado de salud y otras limitantes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como anticonstitucionales, esto antes de iniciar la XV Marcha de Orgullo LGBTTTI de Aguascalientes.
Representantes de asociaciones como el Movimiento de Acción Lésbika Feminista, Fundación Omacatl, VIHDHA, REDefine, Mexicanas en Acción Positiva, Fangoria Nice y otras organizaciones, enfatizaron que la legislación del matrimonio igualitario es una cuestión de derechos humanos, por lo que no es un asunto que se tenga que someter a consulta o debate, ya que ser omiso en su aprobación significaría un retroceso legal, violatorio de los tratados internacionales que ha suscrito el país.
Comentaron que el matrimonio igualitario no constituye un ataque a la familia, sino que al contrario, la fortalece, pues garantizaría los derechos sociales a un sinnúmero de personas que actualmente están fuera de la protección del Estado, además de que no se pide modificaciones a la figura de carácter religioso, sino que se trataría de un contrato meramente civil.
Los activistas explicaron que no es válido encasillar los modelos de vida en lo que se ha dado en llamar “familia natural”, ya que no corresponde a una realidad biológica, histórica ni social. En cuanto a la terminología, detallaron que los palabras han cambiado de significado con el tiempo, por lo que no se pueden limitar los derechos por cuestiones etimológicas.
Marco García, de VIHDHA A. C., ejemplificó que las lesbianas, las mujeres bisexuales e incluso, los hombres trans, pueden ejercer la procreación al contar con matriz y en teoría, esto no se contrapondría con la expresión de “matrimonio”: “Si fuera por palabras, tendrían que pagarnos nuestro trabajo con costalitos de sal como a los romanos, porque de allí viene la palabra salario”, señaló. Añadió que los sustantivos “cónyuge” y “esposa” quieren decir una subordinación de esclavitud y que “familia” proviene del latín “fames”, hambre, es decir, “los que tienen hambre” o bien, de “famulus”, sirviente o esclavo, lo que se entendería entonces como los que están bajo el mando patriarca. En estricto sentido, la familia definida por los romanos y luego por el cristianismo, dejaría a las mujeres sin el derecho a la herencia, pues el patrimonio es del padre, del varón. “No es un tema de palabras, es un tema de derechos” subrayó.
Señalaron que existen muchas formas familiares a las que se les han negados sus derechos plenos, como en los casos de las mujeres jefas de familia, mal llamadas “madres solteras”, los hogares de un hombre y sus hijos, los de parejas del mismo sexo, el de personas solas o las casas donde hay convivientes sin relaciones afectivas o sexuales: “La realidad supera a las concepciones tradicionales de la familia nuclear, de padre, madre e hijos y el Estado debe garantizar su protección”, enfatizaron.
Dijeron que en el marco de un Estado laico, se debe reformar el Código Civil para evitar que haya ciudadanos de primera y segunda clase e insistieron en que no es necesario esperar a que el Congreso de la Unión resuelva las iniciativas presidenciales sobre identidad sexogenérica y matrimonio igualitario, pues las entidades federativas tiene la facultad de actualizar sus normas en materia civil. “Hay mujeres y hombres trans que merecemos el respeto a nuestra identidad, al nombre que deseemos asumir, la forma de vida de cada quién no tendría por qué importarle a las demás personas, pues tampoco nosotros interferimos en sus existencias”, expresaron.
