Los acontecimientos sucedidos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio, en que perdieron la vida nueve personas por disparos de arma de fuego, a manos de las policías federal y estatal -según testimonios de los participantes en los bloqueos magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)-, se constituye en un elemento más que configura la crisis del sistema de gobierno.
En la sociedad suele ser difícil llegar a conclusiones claras y precisas de lo que vivimos y padecemos, debido, por un lado, a la no profesionalización de la investigación social en general -que incluye las confrontaciones violentas Estado Mexicano y sociedad civil-, y, por otro lado, a la costumbre política oficial de encubrir la realidad de las acciones de gobierno -en aras de la paz y tranquilidad.
Parece ser que se actualizan nuevamente las formas de gobierno utilizadas hace 30 o más años, en que se consideraba inaceptable que “grupúsculos” de la sociedad alteraran la paz pública y entorpecieran la actividad económica de los ciudadanos, motivo por el que se justificaba la aplicación de “todo el rigor de la ley” para impedir tales afectaciones. El medio ambiente social, alimentado por los medios de comunicación, apoyaban esas acciones de gobierno.
La realidad de los hechos sucedidos, por ejemplo, en el verano del año 1968, no fue aceptada en su momento; tuvieron que pasar años para llegar al reconocimiento de un sistema de gobierno basado en la violencia autoritaria, abriendo, “oficialmente”, una reforma política en 1978. De ahí la gran dificultad de que, sin estremecimientos ni reacciones ciudadanas irracionales, logremos el necesario reconocimiento a lo que vivimos y observamos en el presente, sin que tengamos que esperar tiempo para que aceptemos sus circunstancias.
La violencia de fuerzas del Estado en Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa-Iguala, Tanhuato, y ahora Nochixtlán, etcétera; la incapacidad para detener la violencia de la delincuencia organizada en las entidades de la república ya ampliamente señaladas; la imposibilidad para detener y combatir la corrupción y los conflictos de interés de servidores públicos -al ser ellos los primeros presuntamente involucrados-; el manejo deficiente de las finanzas públicas, con presupuestos equivocados que requieren continuos recortes, la pérdida constante de la reserva monetaria -supuestamente para defender el peso ante el dólar-, y el creciente endeudamiento público; un manejo insatisfactorio de la economía nacional que no muestra un crecimiento consolidado del PIB, que no propicia la distribución de la riqueza a través del salario, y que sí aumenta la pobreza; estos puntos más otros, muestran un sistema de gobierno inoperante, que -aunque todavía esto no es aceptado- en los tiempos recientes se intentó cambiar sin poder llegar a la construcción de un nuevo sistema, acorde al desarrollo de la nueva sociedad mexicana que somos.
Los acontecimientos de Oaxaca nos ponen, francamente, de cara al cuestionamiento del sistema y forma de gobierno que está aplicando la administración del presidente Enrique Peña. Es importante tener un punto de apoyo y de contraste en la reflexión: en las décadas del siglo XX, el gobierno pudo aplicar este sistema de gobierno debido, en buena parte, a que aquella sociedad mexicana vivía en un ambiente de sometimiento y subordinación, que no le era permitido ni cuestionar ni oponerse a los gobernantes, y tampoco podía elegir a otros gobernantes distintos al partido político hegemónico y dominante.
Era un tiempo en que aquellos gobiernos se permitían vicios sin que les generaran graves problemas. Los brotes de oposición que se presentaban dentro de su partido, eran solucionados con la destitución, la cárcel o el destierro; los que se presentaban en la sociedad, fueran maestros, o petroleros, o electricistas, o ferrocarrileros, o campesinos, o estudiantes, eran solucionados con la represión violenta.
Ante los actuales acontecimientos queda claro que ese sistema de gobierno, ya caduco e inoperante, no puede funcionar y dar a los gobernantes los resultados que sí lograban en los tiempos pasados. Hoy la sociedad mexicana es otra, que ha despertado a la democracia, a la exigencia de la rendición de cuentas, al reclamo de la eficiencia y eficacia de la administración pública, a la demanda de una procuración e impartición de justicia ‘pronta y expedita’, a los derechos humanos, al combate a la corrupción y la impunidad, etcétera.
La crisis del sistema de gobierno la observamos, por lo tanto, en la imposibilidad de solucionar el problema de la disidencia de los maestros de la CNTE ante la reforma educativa. Unas preguntas oportunas: ¿por qué la CNTE tenía el control de la educación en Oaxaca? ¿por qué el SNTE controló durante años el manejo de plazas de maestros en los estados de la república? Preguntas que se pueden aplicar también a los sindicatos de otras empresas públicas como CFE, Pemex, o lo que fue Luz y Fuerza del Centro, IMSS, etcétera, a las que, recientemente, se tuvieron que hacer reformas a sus leyes y reglamentos para que el Estado recuperara el control de actividades. Todo esto sucedió debido al corporativismo oficialista de gobiernos pasados.
El problema de fondo no es la reforma educativa en sí, ya que hasta los maestros de la coordinadora consideran que debe hacerse. El problema de fondo es que un gobierno con un sistema autoritario, pretende imponer una reforma sin tomar en cuenta a los directamente involucrados.
La forma de protesta de los maestros disidentes, con sus características de violencia inaceptable, tampoco sería el asunto de fondo, ya que conocemos por la historia que ‘problema que se soslaya estalla’. En este punto el fondo nuevamente es la imposibilidad de los actuales gobernantes de sostener un diálogo verdadero y sin simulación con los maestros, que dé cauce a su inconformidad, y que evite que tengan que ir a la protesta callejera por no ser tomados en cuenta.
Una observación final: gobernantes que dan señales de que estos problemas sólo se resuelven de manera autoritaria ¿podrán cambiar de actitud?
