- De conservar la gubernatura, el asunto quedaría detenido por nueve años
- El funcionario sigue gozando del fuero constitucional
El proceso legal contra el gobernador electo Martín Orozco Sandoval se detuvo en la presentación de pruebas debido a su investidura como senador de la República, cargo que tomó en el año 2014. Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, señaló que las acusaciones vertidas en contra del panista podrán –si conserva el puesto de gobernador, luego de las impugnaciones presentadas– quedar archivadas por los próximos seis años, en suma, el proceso estaría detenido por nueve años.
Orozco Sandoval está acusado de los delitos de tráfico de influencias y uso indebido del servicio público, luego de la venta de un terreno propiedad del municipio de Aguascalientes durante el trienio que fungió como presidente de la capital, en el 2007. El cabildo del gobierno que encabezaba autorizó que se hiciera la permuta entre un terreno, ubicado en la ciudad, por otro ubicado junto al relleno sanitario de San Nicolás, propiedad de una sociedad conocida como Fruideo, la cual pertenece a Orozco Sandoval y a sus hijos. El predio, con valor de 261 mil pesos (según consta en notas periodísticas publicadas por La Jornada Aguascalientes en 2013) fue cambiado por otros cuatro, en suma llegaban a los seis millones de pesos. En su declaración de intereses, dada a conocer en la página de tres de tres, señala tener el 34 por ciento de acciones en esta empresa.
Por tal motivo, en 2010 se le dictó auto de formal prisión y un año después permaneció un par de días detenido, tras haber sido derrotado por Carlos Lozano de la Torre en las elecciones a gobernador celebradas en 2010, y buscar el cargo de senador posteriormente. Debido que los delitos por los que se le acusa no están reconocidos como de gravedad, se le permitió enfrentar su proceso legal en libertad, tras pagar una fianza de 23 mil pesos.
En 2012, cuando tomó el cargo de senador, solicitó la suspensión del proceso legal hasta concluir su encargo, amparado en el fuero constitucional. El proceso sólo llegó hasta la etapa de presentación de pruebas y se detuvo.
“El fuero constitucional obliga a que cualquier proceso que haya se suspenda, entonces durante todo ese tiempo no se prosigue con el análisis y la investigación. Ya tiene constancia de mayoría como gobernador electo, en consecuencia seguirá gozando del fuero. Su proceso se quedó en la etapa de instrucción, que es la presentación de pruebas. Nosotros estamos obligados a suspender el proceso en el momento en el que el accedió a la senaduría, así que se quedará hasta que ya no tenga fuero”, apuntó Ponce Sánchez.
Según lo comentado por el magistrado presidente, el que dicho proceso permanezca detenido por tantos años no afecta en la resolución de la investigación.
