Algunas notas en torno a los retos del PRI 2/5 - LJA Aguascalientes
23/01/2022

 

 

Ciertamente existen causas históricas y sistémicas en la crisis de los partidos, en particular el PRI. Además de ello, como bien apunta el presidente del CEN, la corrupción, y la impunidad que le ha acompañado (no pocas veces con desparpajo, indolencia y hasta cinismo), en general a partidos y gobiernos de los tres órdenes y de todos los colores, han sido lastres a lo largo de mucho tiempo. “No cabe duda, afirmó, que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad. Esta es precisamente la razón por la cual los partidos son cada vez menos el canal a través del cual se expresan las demandas ciudadanas más sentida”. La sociedad está ejerciendo su derecho a exigir cuentas y a que se le responda sin concesiones ni matices.

Propone, por ello, “adoptar las mejores prácticas en la materia para impedir el acceso a candidaturas en todos los niveles de gobierno de personas que tengan algún antecedente de corrupción”. Bien, pero estimo que no es asunto sólo de disposiciones legales y prevenciones electorales, necesarias pero no suficientes, sino estructural ya que su raíz está en la naturaleza misma del sistema económico. Es un problema de justicia social. Estamos ante un Estado -además de partidos- que apenas está tomando medidas para combatir la rampante corrupción e impunidad, las cuales, debemos reconocer, son variables del liberalismo salvaje.

Sin embargo, la cuestión no es reciente. Desde hace más de 35 años Jesús Reyes Heroles advirtió acerca de las nuevas formas de cacicazgos, las oligarquías que surgen de la simbiosis de lo político y de lo económico, que anticipan deformación de la democracia y, con ello, de corrupción. (Reyes Heroles, Jesús, Discursos Políticos 1972-1975, PRI Secretaría de Capacitación Política, 1990)

Esto lleva directamente, advirtió Reyes Heroles, al nepotismo, al cuatismo, al amiguismo. Ahí no existen normas ideológicas, ni morales, ni jurídicas. Círculo de camarillas y de complicidades. Esto, apuntaba, es ámbito del derecho penal, no de la política y mucho menos de la democracia. La historia, empero, ha acreditado con rapidez los fracasos y la corrupción de los fallidos “gobiernos de compinches”, como les llamó el maestro Juan María Alponte. Es el poder del capital detrás del poder político.

Posteriormente, en una conferencia que dictó en el IFE en la Ciudad de México (Revista Este país, septiembre 2002), Miguel Ángel Bovero, tantas veces citado, destacó que observamos la degeneración de la democracia, refiriéndose en general a lo que está pasando en el mundo, empezando por los “avanzados” y “modernos”. Presenciamos, añadió, una democracia deformada por una receta venenosa, explicó, por la colusión entre el poder político y el poder económico, la confusión entre vida pública y vida privada, que convierte los asuntos públicos, los de interés colectivo, en negocios privados. Le llamó kakistocracia, el gobierno de los peores. Para algunos es un problema comercial y de negocios; para los pueblos es un asunto público y de interés colectivo.

Acotemos: la corrupción afecta gravemente la imagen de los partidos políticos y los gobiernos de todo signo partidista e ideológico. De ahí la rigurosa exigencia de erradicar ese mal que repercute en el todo social, con altos costos económicos pero especialmente con efectos negativos en la confianza que es imprescindible en toda relación y actividad humana.

La evidencia, por si hiciera falta, de que la corrupción repercute negativamente en los partidos y en las elecciones, es el hecho de que ni partidos ni candidatos logran de tiempo atrás mayoría absoluta (es común que ronden entre 30-40%, y casi nunca rebasan este techo). Esta dispersión de minorías muestra desconfianza hacia todos por igual y en modo alguno puede entenderse como confianza a quién haya salido como beneficiado de esta confusión de identidades. Cabe añadir, por otra parte, que la corrupción no es exclusiva de gobiernos y partidos. Lamentablemente es un comportamiento generalizado, particularmente de aquellos que detentan poder económico.

Están generándose leyes que establecen reglas y procedimientos más estrictos para los servidores públicos. Seguramente son insuficientes, pero son acciones en el sentido correcto y la experiencia dictará hasta dónde y cómo profundizar no sólo en las normas sino en su aplicación rigurosa desde mero arriba hasta mero abajo. Para ser congruentes, afirma el presidente del Partido, “tenemos que ser un Partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución… adoptar las mejores prácticas en la materia para impedir el acceso a candidaturas en todos los niveles de gobierno de personas que tengan algún antecedente de corrupción”.

Un ya basta, enfatiza Ochoa Reza, a aquellos que carecen de moral y congruencia apuntando hacia otros para eludir y encubrir sus propias trapacerías: “con la misma firmeza con la que debemos limpiar la casa y contribuir a crear un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el país, seremos exigentes para señalar y promover el castigo de los actos de corrupción de los otros partidos políticos, sea ese el caso de sus gobernadores en funciones, de los ex gobernadores, candidatos electos o candidatos en competencia”. Combatir la corrupción es labor de colaboración y corresponsabilidad. Es trabajo de redes cooperativas de representantes públicos y ciudadanos que instrumentan y ejecuten la participación social y el Estado Abierto.

¿Es válido exigir “Estado de Derecho”, pero que la ley se aplique sólo a los demás? ¿Demandar que las adecuaciones a las leyes se hagan a la medida de las ideas o los intereses de algunos? ¿Riesgo de convertirnos en sociedad de cínicos? ¿Más leyes? ¿Acciones persecutorias? ¿Códigos de Ética? ¿Cultura de la legalidad?


Hay que recuperar la divisa Juarista de la honrada medianía que debe caracterizar al funcionario, al político y a todo servidor público. Asimismo, la honradez y transparencia en toda aquella relación social que, más allá del trato entre particulares, tiene efectos en la vida comunitaria. Para ello, es fundamental eliminar la ley del más fuerte y aprender la ley del respeto y la honestidad.


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