Discuten diputados sanción a Antonio Martín del Campo - LJA Aguascalientes
20/10/2021

 

  • El tema fue abordado como parte de los asuntos generales de la sesión, pero no fue analizado
  • El intercambio estuvo basado en impresiones impersonales y el canje de descalificaciones

 

 

 

Una vez desahogada la orden del día, en la sesión de ayer de la LXII Legislatura, los diputados dedicaron el tiempo de asuntos generales al intercambio de impresiones personales sobre lo que tienen que hacer ahora que el Tribunal Electoral ya indicó que deben sancionar al presidente municipal de Aguascalientes por su intromisión en las elecciones pasadas, canje que no tiene efecto alguno para la tarea encomendada al Congreso local y sólo sirvió para el lucimiento de los diputados.

Inició Enrique Juárez Ramírez, quien a nombre del grupo parlamentario PRI-PVEM, presentó la iniciativa de Ley del Uso de la Fuerza del Uso Policial, encaminada a regular el actuar de los elementos que conforman los cuerpos de seguridad pública y con el propósito de inhibir aquellos casos lamentables que han sido documentados de manera video gráfica, y en los que lamentablemente participaron policías que en diversas detenciones aplicaron un excesivo uso de la fuerza en detrimento de la integridad física y emocional de los detenidos. El  priista consideró que el Poder Legislativo debe expedir un ordenamiento que delimite el actuar de los elementos y a su vez oriente su función en apego al marco jurídico que vela por la protección de los derechos humanos. Juárez Ramírez destacó que su propuesta de ley está delineada por lo estipulado en el Manual del Uso de la Fuerza, instaurado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la tribuna legislativa, Luis Fernando Muñoz López comentó lo relativo a las sanciones impuestas por el Tribunal Electoral al Municipio de Aguascalientes, dado que derivado de ello, el Congreso del Estado de Aguascalientes deberá proceder a sancionar al presidente municipal, Antonio Martín del Campo Martín del Campo, y afirmó que “ésta es una muestra más de las irregularidades cometidas por los actores relacionados con el PAN desde el Ayuntamiento de la capital, mismas que fueron debidamente documentadas por el uso de recursos públicos que se usaron en el proceso electoral. El alcalde se dedicó sin cortapisa, sin recato alguno, a violar la ley a lo largo de las semanas del proceso electoral”. El priista expuso que bajo las mismas reglas que le anularon una elección a su partido el pasado año, ahora se sancionará al presidente municipal de la capital, particularmente por hacer promoción gubernamental en un programa radiofónico sabatino. Concluyó que muy probablemente los pasados comicios tendrán que ser repuestos.

En el debate de este tema, el diputado del Partido Nueva Alianza, Salvador Dávila Montoya, señaló que es un asunto delicado y de gran trascendencia, al estar ya en manos del Congreso, quien tendrá que deliberar la resolución de este asunto, por lo que pidió a sus homólogos que una vez llegado el momento de debatirlo “seamos analíticos y con una gran conciencia la abordemos (la solicitud)”.

Sylvia Garfias Cedillo subrayó que en la pasada elección se comprobó la promoción para un partido específico, a diferencia de lo sucedido con el presidente municipal de Aguascalientes. Pidió que no se confunda a la población ni que se adelanten resultados de los órganos jurisdiccionales. Indicó que Martín Orozco ganó la elección por más de 50 mil votos, por lo que se debe respetar la decisión ciudadana, a diferencia de la candidata de la coalición, que tras pedir que no se impugnaran elecciones, al poco tiempo haría lo propio.

El panista, Leonardo Montañez Castro, apuntó que “no vengo a meter las manos al fuego por nadie, para eso están las instituciones de justicia; lo que a nosotros nos resta es pedir que se mida con la misma vara con que se midió al titular del Ejecutivo Estatal del Estado”.


Sobre el mismo tema, Enrique Juárez Ramírez declaró que “quien recomienda un psicólogo, al parecer ya utilizó sus servicios, muchas felicidades”, tras referir que apoyaba el posicionamiento de su compañero Luis Fernando Muñoz López, además de adelantar que en su momento, pedirá la máxima sanción posible que la ley estipule en contra del alcalde Antonio Martín del Campo, y sostuvo que la pasada elección estuvo plagada de violaciones constantes al marco legal electoral “por parte de los intereses que circundan a la derecha”, por lo que solicitar que se anule el proceso para dar certidumbre a la ciudadanía “es respetar la auténtica decisión colectiva de los aguascalentenses que quieren seguir por la senda del progreso”, pero sobre todo, “evitar la intromisión de grupos específicos con agenda política y salvaguardar una democracia que tanto ha costado construir en nuestro país”.

En su oportunidad, la diputada del PRI, Norma Adela Guel Saldívar, reafirmó que las ilegalidades en las que incurrió el alcalde Martín del Campo no deben quedar impunes, al considerar que sus actos deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Guel Saldívar aseguró que alcalde panista violó el principio de igualdad y por ende la libertad del sufragio de los ciudadanos, pues de manera descarada y seguramente por falta de asesoría jurídica de parte de sus colaboradores o ignorancia propia, difundió en un medio electrónico de comunicación, programas de obra pública de su gobierno en medio de la campaña electoral, lo cual es un delito electoral estipulado en la Constitución Político Federal.

Ya en otro tema, en representación del grupo parlamentario del PRD, Armando Acosta Rodríguez, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, mediante la cual pretende establecer que el 25 por ciento de la asignación de candidaturas y fórmulas de elección en los partidos políticos, sea reservada para las personas que oscilan entre los 18 y 35 años de edad.

Acosta Rodríguez refirió que de acuerdo a un estudio el 60 por ciento de la población es menor a los 35 años, y por ello la importancia de fortalecer la participación del sector juvenil en la vida política de la entidad, pues “nuestro sistema democrático adolece de representantes populares y gobernantes jóvenes”.


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