En el estilo antiguo de gobernar a la sociedad mexicana, observamos, entre varias, tres características significativas para tratar conflictos sociales: la primera es la desestimación del asunto convertido en conflicto, la segunda la instalación de mesas de diálogo para resolver el problema, y, la tercera, la ausencia de acuerdos y resultados de las mesas de trabajo. Este proceso cíclico se vuelve repetitivo e interminable para el tratamiento de los conflictos con grupos distintos a los que son afines a los gobernantes (a los que se les da, por lo general, respuestas rápidas y efectivas).
El actual conflicto magisterial expresado en la oposición a la reforma educativa, es el ejemplo de este esquema de hacer gobierno. Desde la elaboración de las iniciativas de ley, durante el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión, y, posteriormente, en la aplicación de la reforma, grupos de maestros, señaladamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, expresaron tanto su inconformidad con puntos del proyecto de reforma, como la petición de ser escuchados y tomados en cuenta.
La respuesta a los maestros inconformes ha sido negativa, particularmente ya en la instrumentación de puntos como el de la evaluación magisterial. Los maestros disidentes, después de tiempo y de peticiones no escuchadas, extremaron sus planteamientos hasta ubicarlos en la derogación de la reforma y el gobierno del presidente Enrique Peña, sencillamente, contestó que dicha reforma es ya mandato constitucional, por lo que no tiene facultades para derogarla, motivo por el que seguirá adelante en su instrumentación.
Estas son las posiciones observadas durante meses: el Gobierno sin respuestas precisas que incorporen a los maestros en el proceso de aplicación de la reforma, orillándolos y abandonándolos, prácticamente, a las movilizaciones callejeras. Los maestros disidentes, ante la carencia del gobierno de ideas para un adecuado manejo político -que se quedó con la única respuesta de “No a la derogación de la reforma educativa”-, están recurriendo a acciones reprobables que afectan la vida cotidiana de la sociedad.
Todavía más, a pesar del incremento de disfuncionalidad social de regiones como Oaxaca, Chiapas, Michoacán o la Ciudad de México, la respuesta del Gobierno siguió siendo dar la espalda a los maestros y descalificarlos masivamente a través de los medios de comunicación. Esta parte del proceso sucede en el marco de la primera característica señalada, que es la desestimación del asunto (el Gobierno dice que tiene la razón, y los maestros no la tienen).
La segunda característica aparece después de sucesos como el de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, en que son asesinadas al menos ocho personas; es cuando el Gobierno se ve en la necesidad de instalar mesas de diálogo para resolver el problema. De esta manera, la Secretaría de Gobernación inició los diálogos con la CNTE, con los familiares de las víctimas de Nochixtlán, y, en una circunstancia nueva, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE (Ahora también “Pactan Osorio y padres de los 43 (alumnos de la Normal de Ayotzinapa) reuniones periódicas”, LJ, 8 de julio).
Cierto, era lo solicitado, por lo que se vio con buenos ojos la apertura de la Administración Peña con estos grupos para tratar el asunto de la aplicación de la reforma educativa, y poder disminuir las afectaciones causadas a la sociedad con las acciones extremas de la disidencia magisterial.
Ahora el proceso se encuentra en la tercera fase, que es la ausencia de acuerdos y resultados de las interminables mesas de trabajo. La pregunta es ¿por qué se vuelve interminable el diálogo, y no llega a acuerdos que den resultados? Entre las varias respuestas, podemos observar algunas: las posiciones propuestas por ambos lados carecen de puntos de encuentro; no se abre la posibilidad de mover y acercar esas posiciones, permaneciendo distantes; se defienden posiciones personales de poder y no institucionales, etcétera.
Para el presidente Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, parece que no existe (o no se les ocurre) algún recurso político emergente y extraordinario que facilite y logre la aceptación de la reforma por parte de los maestros disidentes, ya que sólo sostienen que la ley no se negocia.
Consecuentemente, ¿qué hacer para lograr acuerdos y resultados? El Gobierno de la República se escuda en el Congreso de la Unión para no atender a los maestros inconformes, ni comprender cómo se dan los procesos de cambio en la sociedad. Por ejemplo, la posición mostrada en el asunto de las relaciones laborales de los maestros, que busca la inmediata rectificación -justificada y aplaudida- de vicios creados por el mismo gobierno hace ya décadas, es distinta y no corresponde a la posición que tiene ante vicios antiguos como la corrupción y la impunidad de gobernantes, ya que no muestra prisa en impedirlos y solucionarlos (sobran ejemplos, como fue no hacer obligatoria la publicación de las declaraciones 3de3, o el solapar a los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y otros, o el no aclarar asuntos de conflictos de interés como los tenidos por el mismo Peña, etcétera).
La alternativa con los maestros disidentes para llegar a acuerdos y resultados, por lo tanto, se vislumbra en lo que ahora el SNTE plantea y exige en un documento de 12 puntos: corregir la reforma educativa para “que todos los actores ‘‘comprendan la ley de la misma manera’’ y que los trabajadores de la educación se sientan ‘‘visibles’’ en la reforma” (LJ, 8 de julio).
El Gobierno de la República debe dejar de lado el punto de ‘la constitucionalidad’ de la reforma educativa -que no es la principal cuestión-, para pasar a ‘las formas de su implementación’, que son a las que se refieren los disidentes, que no tienen por qué ser punitivas y deben llevarse conjuntamente con los maestros.
Son acuerdos y resultados a los que pueden llegar de inmediato las mesas de diálogo.
