Por Noé García
Después de la jornada electoral del 5 de junio, donde la población mayoritariamente votó como castigo a los gobiernos locales, pero sobre todo al Gobierno Federal, mediáticamente pareciera que se desbordaron los conflictos sociales, grupos organizados o no tan organizados, sociedad civil o entes políticos comenzaron a salir a las calles a manifestarse, el caso más significativo y con consecuencias condenables y lamentables fue en Nochixtlán, Oaxaca, donde nueve personas murieron y más de cien resultaron heridas, además de decenas de detenidos.
Se comienza a manejar el concepto de mal humor social. Da la impresión de que el país está enojado. Las manifestaciones surgen en las ciudades, pero también en pueblos y comunidades; en los últimos años, el número de conflictos sociales va en aumento, detonadas por la implementación de ciertas políticas públicas, la imposición de ciertos proyectos o simplemente canalizar de que su situación y problemas son por culpa del gobierno.
Apenas el 25 de abril el presidente Peña Nieto declaró que se exagera y maximiza de que parte el pueblo de México está irritado: “A veces (se) puede decir y leyendo algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá, en donde se dice: ‘es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social’” y continúa el titular del ejecutivo: “Pero déjenme decir, en este espacio, hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando, que México está creciendo en distintos ámbitos, en distintos espacios…”
Realizando un rápido recuento de los principales conflictos podemos describir los siguientes.
En el primer año del sexenio se retomó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya instalación está proyectada en el antiguo Lago de Texcoco, donde la oposición de los comuneros de San Salvador Atenco y otras comunidades aledañas se mantiene. Paralelamente el anuncio de la autopista Toluca-Naucalpan que registra la resistencia de los campesinos otomíes y nahuas, quienes acusan daños ambientales.
En abril, el anuncio de Aurelio Nuño de adscripción del IPN a las oficinas de la SEP generó movilización y paros de alumnos y maestros del Politécnico. Prolongase por más de un mes, donde las vocacionales y escuelas del IPN no operaban regularmente y la comunidad educativa salió a protestar a las calles.
En mayo, después de la presentación de la iniciativa de ley para establecer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, distintas Iglesias de carácter cristiano y católico convocaron a sus feligreses a protestar.
Un problema arrastrado desde la aprobación de la Reforma Educativa, pero que resurgió con mayor intensidad fue el tema de la CNTE y la mala operación del gobierno para desactivar el conflicto en Oaxaca, donde brotó el pueblo bronco que salió a solidarizarse con maestros y de paso descargar su enojo por su condición a más de 15 días; parte de Oaxaca está paralizada y la secretaría de gobernación parece que utiliza la máxima de “dejar hacer, dejar pasar” para llevar al movimiento a un desgaste y olvido de la opinión pública.
Este educativo principalmente tiene su rechazo en los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, todos ellos con resistencia social en distintas intensidades.
Pero también los empresarios se manifestaron el 16 de junio la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tomaron el Ángel de la Independencia en contra de los corruptos y la impunidad, pero principalmente en respuesta de la maltrecha Ley 3de3, corrompida por senadores y diputados encabezados por el PRI.
El sector médico también está molesto y salió a las calles, entre el 20 y 23 de junio se realizaron manifestaciones de parte de este sector en prácticamente todos los estados del país y las principales ciudades. Con bata blanca como distintivo salieron a protestar convencidos de que trabajan bajo la amenaza de un sistema de salud que colapsa y en solidaridad con 17 compañeros acusados de presunta negligencia médica.
Casos locales pero que toman relevancia nacional son las protestas en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, provocados por la tentación de los gobiernos salientes (Horacio Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte) de generar condiciones de impunidad, provocando el enojo de la sociedad y organizaciones civiles.
Otro caso son los conflictos ecológicos y de despojos de tierra que tienen como principales puntos la península de Yucatán y Quintana Roo además de las dos Bajas Californias. En ellos comuneros están en protesta permanente por lo que consideran injusto y los posibles daños al ecosistema por proyectos públicos y privados que afectan a sus tierras.
Los anteriores casos tienen manifestaciones puntuales en las calles que sintetizan lo que la gente en el país debe soportar, pero nada más se realiza una vistazo a las redes sociales y la indignación y enojo pulula, en gran medida provocada por la corrupción, la impunidad, crisis en derechos humanos, inseguridad y pobreza. La Secretaría de Gobernación reconoce que en el país existen 256 conflictos sociales irresueltos y activos en sus diferentes expresiones de protesta, algunos heredados de sexenios anteriores y otros detonados en la actual administración de Peña.
Pasan los meses desde que detectamos esa inconformidad y ésta no sólo se mantiene, sino que se amplía. Percepción que si persiste se va a convertir a extender y elevar y sus consecuencias pueden ser devastadoras. La función de las elecciones de canalizar el enojo en un voto de castigo funciona en democracias con cierta estabilidad, pero si estas condiciones no se dan y la elección presidencial se polariza como las últimas dos ocasiones, el país podría estar en un escenario complicado.
Noé García Gómez
@noeg2
