- La cifra corresponde a agosto de 2015, se espera reducción con Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
- Aguascalientes, entre los estados con menor población de procesados en cárceles hasta el año pasado
Nueve meses antes de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Aguascalientes tenía una población de 59.6 personas en prisión preventiva por cada cien mil habitantes, de acuerdo al estudio Justicia a la Medida elaborado por México Evalúa.
La investigación, basada en datos de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población (Conapo), situó a la entidad por debajo de la media nacional de personas privadas de su libertad que aún no cuentan con una sentencia, que es de 89.3 internos por cada 100 mil habitantes. Los estados con mayores tasas de prisión preventiva son Colima, con 270.3; Baja California, con 220.4; Sonora, con 199.6 y Quintana Roo, con 170.7; en contraste los estados con menor tasa son Guanajuato, con 29.9; Zacatecas, con 35.2 y Tlaxcala, con 37.6.
Entre agosto de 2012 y agosto de 2015, la población en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes se redujo 3.5 por ciento en Aguascalientes, al pasar de 63.1 a 59.6; a diferencia de otras entidades como Durango y Colima que en el mismo periodo aumentaron de 76.0 a 155.8 y de 186.8 a 259.0, respectivamente. En el ámbito nacional, la tasa de población de presos que aún no cuentan con una sentencia creció de 44.5 en 1994 a casi 90 personas en 2015.
La prisión preventiva, es decir, la privación de la libertad aplicada a sujetos acusados de delito que esperan un juicio, es un aspecto utilizado por la organización para medir el cumplimiento de la presunción de inocencia, uno de los siete indicadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México plasmados en el estudio antes mencionado.
La forma más notoria de violación de este derecho es el uso excesivo de prisión preventiva, pues “tanto las personas sentenciadas, como las que están en la cárcel en espera de su juicio están expuestas a abusos por parte de las autoridades del sistema de justicia, como son la tortura y los tratos crueles, los cobros indebidos, sobornos y otros tipos de corrupción, así como enfermedades y problemas de salud física y emocional, además de la pérdida de su ingreso y el debilitamiento de sus lazos afectivos”.
La presunción de inocencia es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
Con la reforma de 2008, este derecho fue expresamente incorporado a la Constitución Mexicana: “En un sistema inquisitivo, las personas detenidas tienen que demostrar su inocencia. En cambio, dentro de un sistema acusatorio, como el que México aspira a construir a partir de la reforma constitucional de 2008, todo aquel que es acusado tiene el derecho a ser tratado y considerado inocente hasta que exista la sentencia de un juez que lo declare culpable”.
Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, alrededor del 70 por ciento de las personas que enfrentan alguna acusación, podrían evadir su paso por la cárcel -informó a La Jornada Aguascalientes-, María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), en su última visita por Aguascalientes.
