El mundo de la fantasía tiene a su país de la fantasía: México. La información económica que en otros países sería motivo de preocupación absoluta, en México ni siquiera se llama por su nombre. Hay varios conceptos económicos que ya no se utilizan en el lenguaje gubernamental desde hace varios años, es especial desde que llegaron al poder los gobiernos de la transición, es decir aquellos que rompieron con la hegemonía priista y después abrieron el camino, sobre la base de sus desatinos, para que regresaran aquéllos con nuevos bríos, para dejar no solo las arcas vacías sino al país entero en condición de ruina económica y social.
Devaluación, crisis, estanflación (estancamiento con inflación), monopolios (cuando son propiedad del gobierno), dieron paso a eufemismos tales como deslizamiento de la moneda, bajo dinamismo y empresas públicas estratégicas. Lo cierto es que pese al lenguaje gubernamental que no quiere llamar a las cosas por su nombre, la realidad acaba por imponerse. Y los recientes resultados electorales son una clara evidencia de ello: el hartazgo de la incapacidad para gobernar y para dar dirección a la economía encontraron una válvula de escape, que desafortunadamente no tendrá mayores consecuencias, ya que los triunfadores de las elecciones forman parte de un sistema de partidos que obedece al imperativo de obtener beneficios del poder público.
El primer día de junio se inició de nueva cuenta el proceso de incremento en el precio de las gasolinas. El argumento que da soporte a esa decisión se sustenta en la variación de los precios internacionales del petróleo que se encuentran en niveles históricamente bajos. Junto con el alza en esos precios, se hizo público que los medicamentos de patente se incrementaron entre 20 y 30 por ciento en razón del deterioro del valor del peso respecto al dólar; sin embargo se sigue con el patético discurso que la inflación está bajo control, lo que es cierto si se concede que la variación del índice del precios al consumidor obedece al decreto que para tal fin emite el gobierno. Como en otros tiempos, si se dice que la inflación es del 5 por ciento, lo más prudente será esperar una del 10 o el 15 por ciento; de manera inversa, si se estima el crecimiento en 5 por ciento, lo mejor será esperar un resultado de la mitad de esa cifra.
El último resultado que publicó el Inegi respecto a la variación del Producto Interno Bruto que corresponde al primer trimestre del año muestra una variación de 0.8 puntos porcentuales en términos desestacionalizados; el sector industrial cayó -0.7 por ciento en abril de este año. De mantenerse esta situación por tres trimestres se considera que la economía se encuentra en recesión. Cuando además de los indicadores económicos otros indicadores, por ejemplo financieros (ámbito en el que el Banco de México decidió incrementar en medio punto la tasa de interés de referencia que pasó de 3.75 a 4.25 por ciento) muestran una tendencia de esta naturaleza, se considera que el país se encuentra en crisis.
Como se comentó en la entrega anterior, la Secretaría de Hacienda a través de su titular informó del segundo recorte del gasto público para esta 2016, asegurando que pese a ello se obtendría un superávit primario y se mantendría el objetivo de déficit público de medio punto del PIB. Estos loables objetivos en medio de un escenario incierto, con un peso que recibe inerme los embates especulativos y con un sector productivo estancado, se complica con la desafortunada situación del costo y pagos que requiere la deuda pública, en especial porque el 70 por ciento de la misma está denominada en moneda nacional y paga tasas cuya referencia es la que acaba de incrementar el Banco de México.
Este año deberá amortizarse poco más de un billón 77 mil millones de pesos, que es el monto más alto a pagar en 10 años. Para dar una idea de lo que representa esta cantidad, se trata de unas 30 veces el monto del último recorte del gasto, o de unas 8 veces el ajuste total del gasto. Tal dimensión de la amortización equivale a pagar en un solo año el 19 por ciento de la deuda interna total. Así, pese a que el incremento en la tasa de referencia es apenas de medio punto porcentual, sus efectos sobre las finanzas públicas son devastadores; no menos drásticos para las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que tienen un componente variable en función de la tasa determinada por el banco central.
La coexistencia de indicadores económicos que indican recesión con los efectos de los pagos de la deuda interna, de la devaluación del peso y del incremento en las tasas de interés, resultan en una condición de facto de crisis. No es con el aumento en el precio de la gasolina, de la electricidad, ni de ajustes en el gasto público que dejan sin tocar a la abultada nómina de los burócratas de primer nivel como se podrá encarar este proceso Ya no hay manera de mantener un discurso en el que se habla de prudencia y responsabilidad cuando es patente el deterioro económico. El margen de maniobra es reducido pero se cuenta con el instrumental de las políticas públicas anticíclicas a las que el gobierno mexicano ha renunciado reiteradamente. En 2018 le pasarán la factura a este grupo político, sin duda; la duda es si el país sobrevivirá a su ineptitud.
Francisco J. Caballero
