- A pesar de que se prometió publicarlos una vez instalado el sistema penal acusatorio
- Necesaria la armonización de las leyes: Observatorio de Violencia Social y de Género
A pesar de que la Fiscalía General del Estado se comprometió a publicar los protocolos de actuación con los que enfrenta e investiga problemáticas como la desaparición de personas, los delitos sexuales y los homicidios de mujeres una vez instalado el sistema penal acusatorio en todo el estado; esto todavía no se realiza a más de un mes de implementado el nuevo sistema de justicia.
“Uno de los puntos importantes es que no son públicos los protocolos, el de actuación policial y ministerial en Aguascalientes para la investigación de personas desaparecidas, y el feminicidio o muertes violentas. Es urgente que los protocolos sean públicos, además de las modificaciones a la legislación actual y la armonización, se entregaron las observaciones desde el año pasado a la Fiscalía”, señaló Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), una de las integrantes de las organizaciones civiles que participaron en el análisis y corrección de dichos protocolos, invitados por la propia Fiscalía.
Ávila Montejano calificó como preocupante que juzgar con perspectiva de género y armonizar las leyes con la esfera federal, como la tipificación del feminicidio como delito autónomo; no sea considerada por los legisladores e impartidores de justicia como una obligación. Agregó que este tipo de conductas únicamente promueven la invisibilización de las violencias.
“Cuando se crea la Fiscalía General (en 2014), las y los actuales legisladores consideraron que no era importante establecer en la Ley de la Fiscalía la obligatoriedad de los protocolos con perspectiva de género, desde ese momento en donde se omite y se invisibiliza esta necesidad estamos mal. La autoridad entiende que no tiene una obligación, que no hay algo vinculante ni siquiera a nivel nacional para armonizar con los estados.”
Lo anterior afecta en casos como el de Janet Torres Briseño, quien la autoridad determinó que falleció tras haberse suicidado en 2013, mientras que sus familiares sostienen que fue víctima de un delito que no se investigó debidamente por parte de la Fiscalía General.
“Eso pasa con el caso de Janet Torres, cuando la Suprema Corte en la Sala Regional le dice a la Fiscalía que tiene que analizar condiciones que pudieran indicar que se cometió un delito, la Fiscalía responde que no existe ningún delito, y nosotras como organización civil observamos que no existe la infraestructura incluso en recursos humanos, o el grupo de especialistas multidisciplinario para hacer una investigación con perspectiva de género.”
