- Para modificar sus tarifas, Caasa y Ccapama están invocando a una ley que fue abrogada en 2003: Rangel de Lira
- Usuarios pueden exigir la devolución de lo erogado durante ese periodo
Durante trece años, la empresa Proactiva Medio Ambiente Caasa con la complacencia de las autoridades del municipio de Aguascalientes, ha cobrado la administración del vital líquido al margen de la ley, denunció el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jesús Rangel de Lira.
En conferencia de prensa, detalló que el título de concesión se redactó en 1993 con base en el artículo 26, fracción tercera, de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ordenamiento que fue abrogado en octubre 2003, mismo año en que entró en vigor La ley de Agua para el Estado de Aguascalientes: “En el Periódico Oficial del Estado, el octavo transitorio dice que los organismos operadores responsables del manejo de agua, Caasa y Ccapama, tenían seis meses a partir de la publicación para adecuar su sistema de cobro y no lo han hecho, desde entonces siguen cobrando en función de la Ley de los Sistemas de Agua Potable (…). Para autorizar modificaciones a sus tarifas están invocando una ley que fue abrogada en 2003, por consiguiente los cobros no tienen sustento legal”.
El legislador acusó a las administraciones municipales de los últimos trece de años de haber solapado estas inconsistencias. En consecuencia, los usuarios podrían solicitar la nulidad del cobro e, incluso, la devolución de lo erogado por el servicio durante ese periodo.
Gaytán Rangel señaló que la nueva Ley de Agua contiene otras irregularidades, toda vez que permite a la concesionaria la determinación de las tarifas, cuando la autoridad es la única facultada por la Constitución para fijar el monto de las contribuciones. Incluso el Inagua tendría que autorizar los ajustes tarifarios propuestos por el Cabildo, por lo que consideró necesario reformar la legislación para hacer las correcciones necesarias.
“Debemos de entender que el agua es un tema prioritario como servicio para el municipio, solamente hay dos servicios que la ley lo obliga a proporcionar, la seguridad pública y el servicio de agua; ni limpia, ni alumbrado público, ni panteones, ni andar vigilando las zonas de tolerancia”.
En opinión del petista, el suministro del vital líquido debe regresar al ámbito municipal. La alcaldesa electa -Teresa Jiménez Esquivel- anunció que no se refrendará la concesión a Proactiva Medio Ambiente Caasa; sin embargo, al parecer, considera entregar la responsabilidad a otras empresas: “Me parece que no debe estar entregada a un particular que se mueve por intereses económicos (…) que deje de ser un negocio, sí necesitan los usuarios pagar para hacer sustentable la prestación, pero debe eliminarse el factor lucro, el factor ganancia”.
El representante popular mencionó que pretende recolectar firmas de los habitantes de la capital en aras de que el gobierno municipal retome la prestación y corrija las anomalías antes mencionadas.
