Pretendió erigirse en el Quijote de la igualdad entre autoridades y ciudadanos comunes y silvestres, y terminó siendo el Sancho Panza de la picaresca parlamentaria en Aguascalientes.
Con el bolígrafo de la bilis, el diputado Mario Alberto Álvarez Michaus escribió un salmo para perfeccionar la justicia para todos, deteriorada por la corrupción de la clase gobernante, pero al final su incongruencia transformó la composición en una vulgar prosa de la liviandad parlamentaria.
Extremadamente dolido por el desaire de que fue objeto su mujer en las filas azules de su partido, recurrió a la pantomima legislativa para germinar la venganza y curar las heridas a su querida Alma Hilda Medina Macías, la suspirante del PAN derrotada por el grupo dominante en el proceso interno para la alcaldía de Aguascalientes.
Francisco Ruiz López, el presidente de la Coparmex Aguascalientes, se equivoca, por ignorancia supina o sibilina conveniencia, al sentenciar que la voluntad de los legisladores priistas no fue movida “por la urgencia ciudadana, sino por un mezquino interés político electoral”.
Vale al Paraíso recordarle al dirigente patronal la ubicación del epicentro del temblor. La iniciativa presentada por Michaus en la sesión celebrada el 12 de mayo se dio en plena campaña electoral, para pegarle en la línea de flotación a los cruceros de los candidatos Martín Orozco Sandoval y Tere Jiménez -señalados por supuestos actos de corrupción: el primero por el PRI y la segunda por algunos panistas encabezados por Arturo González Estrada, remember-, al proponer la reforma constitucional que desaparecería el fuero para funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El anticlimático mensaje al PAN, a MOS y a TJ fue directo, en blanco y negro, sin matices ni tamices, al depositar la modificación constitucional para quedar de la siguiente manera: Artículo 75. Serán sujetos de responsabilidad penal los servidores públicos que cometan hechos delictivos del orden común en los términos de la normatividad penal, durante el tiempo de su encargo y, por el enriquecimiento ilícito por sí o por interpósita persona que aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
De no haber presentado el enojado Michaus esa iniciativa, el sainete por el fuero jamás hubiera existido, y la propuesta del Panal seguiría disfrutando el sueño de los justos. En la política todo sucede por una razón. Tiene inicio, consecuencia y final.
MOS y TJ triunfan en las urnas. El panorama se le ensombrece a Michaus. Vivir fuera del presupuesto, cuando su partido ganó, es el suicidio en vida, es como ver el pan y no comérselo, bien pudo suponer el congresista antes de recular penosamente, de retirar la iniciativa -como si los asuntos de Estado fueran un juego de mocosos encorajinados porque no les prestaron el balón-, y de abandonar a su suerte la posibilidad de quitarle el fuero a los servidores públicos de cuello blanco para acabar con la “cleptocracia” (Jesús Rangel de Lira, dixit), que fomenta la corrupción y enriquece patrimonios ajenos con el dinero de los contribuyentes.
A la abstención de Michaus se sumó la inasistencia del diputado del PRI Juan Antonio Esparza Alonso, que con su presencia y votó favorable, el número 18, pudo cambiar el curso de la historia aguascalentense, pero prefirió irse al extranjero, a holgazanear. Quizá de compritas en el angelino Rodeo Drive. A lo mejor de paseo por la Quinta Avenida de New York. O tal vez anhelaba tomarse la soñada selfie con Mickey Mouse en Disneylandia.
El proceder de Esparza Alonso, inoportuno e irresponsable en grado superlativo, huele a sospecha, hace suponer a la feligresía congregada en el atrio de San Marcos, que lo maicearon en algún lugar del planeta, después de haber negociado su salida del país.
Michaus se puso el traje de camaleón y acabó con su credibilidad.
Prefiero recordarlo por esa capacidad, talento y preparación profesional que derrochó al redactar la pulcra iniciativa: La investidura de servidor público o de representante popular en cualquiera de sus esferas jurisdiccionales y niveles territoriales, implica un compromiso directo con la sociedad y con el Estado, por ser el más alto privilegio cívico a que puede aspirar un ciudadano.
Me quedo con el tribuno que en la exposición de motivos de su moderno documento afloró principios y valores, visión de futuro: De ser aprobada esta iniciativa, este Congreso mandaría una señal muy clara a la sociedad de que la función pública no tiene un manto de privilegio o de prerrogativas absolutas, que llegan a ser un pretexto o un freno para la justicia y la transparencia gubernamental; es decir, el que nada debe, nada teme.
Finalmente, con éste acto procesal legislativo, los suscritos Diputados refrendamos que el servicio de los empleados públicos debe ser el más honorable, que éstos deben servir con vocación y comprometidamente a la sociedad con lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y honradez.
Después, Álvarez Michaus pretendió argumentar su voto en abstención. La orfandad en que dejó a su iniciativa. Justificó lo injustificable. Defendió lo indefendible. Explicó lo inexplicable, pero se le olvidó la máxima de la congruencia: las palabras vuelan gratis, los hechos compran viajes.
Porque alguien debe de escribirlo: Todos los diputados del PAN en el Congreso del Estado de Nuevo León, de manera individual y voluntaria, renunciaron al fuero constitucional para expresar su decisión de “eliminar la protección que proporciona privilegios a la clase política”.
En el cerro de la Silla los legisladores azules predican con el mejor ejemplo. Así o más claro.
