- El equipo jurídico de Lorena Martínez analiza presentar cargos contra el fiscal
- Acusa José Óscar Valdés Ramírez doble discurso de autoridades estatales
Extrañó al abogado constitucionalista, José Óscar Valdés Ramírez, la negativa de la Fiscalía General del Estado para responder cuál es la situación legal de Martín Orozco Sandoval y por qué no ha ejercitado acción penal a seis años de haberse instaurado el proceso en su contra, en respuesta al amparo promovido ante la justicia federal por seis diputados de la bancada PRI-PVEM.
La dependencia estatal impugnó, en pasados días, la orden judicial emitida por el juez tercero de distrito, alegando que los peticionarios -Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno, José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y María de los Ángeles Aguilera Ramírez- carecen de interés jurídico en el asunto.
Al respecto, el defensor de la excandidata, Lorena Martínez Rodríguez, informó que el recurso de queja presentado por la Fiscalía, encabezada por Óscar Fidel González Mendívil, causó la suspensión del procedimiento solicitado por los legisladores. Se espera que el Tribunal Colegiado determine si se admite o no el recurso en el plazo aproximado de diez días: “Se suspende el principal, nosotros estamos peleando la incidental”.
El responsable de la redacción de la demanda de amparo firmada por los representantes populares aseguró que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cargo de Juan Manuel Ponce Sánchez, reconoció como cierto el acto reclamado, lo que demuestra omisiones por parte del Poder Judicial, la FGE y el juez Sexto de lo Penal en el caso penal del gobernador electo.
Reveló que se analiza presentar cargos contra González Mendívil por su responsabilidad en el proceso, y denunció que, con el documento antes mencionado, lo que se busca es alargar el procedimiento a fin de consumar la toma de protesta de Orozco Sandoval, el 1 de diciembre: “Me preocupa lo que dice el fiscal, yo creo que existe una responsabilidad, buscaremos una destitución porque a final de cuentas no es posible que una persona facultada para perseguir delitos se vuelva el defensor de los delincuentes”.
Valdés Ramírez consideró que el recurso de queja contra el juicio de amparo 1073/2016-IX-4 contiene inconsistencias, por lo que es probable que el Tribunal Colegiado lo rehaga: “Alegar que no hay interés jurídico y que el amparo no debió ser admitido es una falta de respeto al Poder Judicial de la Federación (…) decir que el juez federal se extralimitó al autorizar una demanda que no correspondía, cuando el mismo documento reconoce que hay un interés jurídico de la ciudadanía al tratarse de la elección de gobernador”.
Acusó un doble discurso por parte de la autoridad estatal: “Una red de complicidades, un pacto no escrito entre PAN y PRI porque no quieren que llegue Lorena a la gubernatura (…). Aguascalientes es el único estado de la República en el que he visto este asunto, que una persona que no podía la dejaran competir y todavía la estén defendiendo”
El constitucionalista insistió que Orozco Sandoval agotó el fuero cuando recibió constancia como gobernador electo, de modo que se puede actuar en consecuencia. El panista enfrenta desde 2010 un proceso penal por presunto tráfico de influencias y ejercicio indebido de atribuciones como presidente municipal, lo que lo priva de sus derechos políticos, volviéndolo inelegible como gobernador, con base en los artículos constitucionales 62 y 125.
