Mitos geniales: la crisis financiera del gobierno de Peña - LJA Aguascalientes
12/08/2022

 

Este inicio de mes nos despertaremos con un nuevo “gasolinazo”. La bonita tradición que heredó Peña Nieto del panista Felipe Calderón muestra que no importa la ideología ni el ideario del partido político cuando se comparten los mismos principios de gobierno: recaudar impuestos de la manera más fácil no importando el costo político y social de las medidas. Al panista, los “gasolinazos” y su guerra contra la delincuencia le costaron la Presidencia; al priista, el caso omiso de las corruptelas de su gobierno -empezando por las propias- ya le trajeron los primeros resultados electorales en este 2016, y en el 2018 ya es previsible cómo le irá a su partido, pero eso no importa para quien hoy ostenta el poder político en México. Si importara la herencia para el siguiente gobierno, nadie dejaría las enormes deudas económicas ni los saldos negativos en desigualdad y pobreza que se incrementan cada año y cada sexenio. Todo lo que ocurre en la vida económica y política se circunscribe en el espacio temporal de los sexenios: el país se derrumba y se medio vuelve a construir cada sexenio. Por eso no hay manera de tener un proyecto de largo plazo, sea cual sea el partido en el gobierno, ésta es la impronta de la clase política mexicana.

En el caso del asunto de los gasolinazos, su impacto va más allá de ser el expediente fácil para hacerse de recursos sin que medien ajustes en materia de eficiencia de la bien pagada burocracia mexicana. Por ser un bien tan sensible para el nivel de vida de la población, la variación en su precio tiene como correlato un mayor o menor ingreso disponible; en materia de efecto sobre la inflación, sus alcances son de una amplitud que pocos bienes o servicios tienen sobre la economía.

Con inusitada frecuencia se presenta alguna declaración del secretario de Economía o de Hacienda en turno diciendo que el aumento en el precio de la gasolina no tiene efectos inflacionarios. Los costos para las empresas también se ven afectados y su condición competitiva sufre de igual suerte cuando uno de los principales insumos se compra a precios ridículamente altos. Ahora los voceros gubernamentales no pueden argumentar que son los precios internacionales los referentes de los precios nacionales. No se está subsidiando el precio de la gasolina, ahora se subsidia la ineficiencia del gobierno: para no tener que ser eficientes en la administración de los recursos públicos se compra gasolina barata y mala y se vende al precio que sirve para tapar parcialmente los boquetes fiscales. Ya ni las buenas noticias de una captación récord de impuesto sobre la renta le aligera la carga fiscal al gobierno. Las dimensiones de deterioro en los ingresos saltan a la vista porque a este gobierno no le importó romper su promesa de que los gasolinazos habían llegado a su fin.

Se recurre a esta opción porque se cayeron los ingresos petroleros y ya no habrán de recuperarse; no existe manera de generar ingresos de una fuente estable porque implicaría una reducción considerable del gasto que impactaría, por ejemplo, a los pagos que se hacen a los acreedores bancarios. Y si alguna deuda no se deja de atender, ésa es la financiera. Desde finales de los setenta el gobierno mexicano no se había visto en la necesidad de hacer un ajuste fiscal de fondo, sólo se habían hecho “cortes” que afectan, como hoy, al gasto social, es decir, a la educación, la salud y la alimentación. Otros renglones de gasto nunca se han tocado -por eso se llaman “no programables”-. Ninguna legislatura ha cuestionado esta situación pese a que la condición de las finanzas públicas es de verdadera excepción. Durante 40 años y gracias a la renta petrolera el gobierno pudo solventar sus gastos sin recurrir a una reforma fiscal verdadera en la que el primero que debía hacer ajustes sería el propio gobierno a través de la racionalización de su gasto. A lo largo de los incontables ajustes al gasto poco es la afectación que ha sufrido la creciente e ineficiente burocracia. Con las Reformas Estructurales se obtuvieron ingresos que tampoco mejoraron el perfil financiero del país, ya que usualmente se trata de ventas de una vez, que no generan ingresos recurrentes.

Hoy, la principal fuente de recursos del gobierno se ha caído. Como Pemex, el gobierno se encuentra en quiebra técnica y solo tiene el expediente de recurrir al endeudamiento o al incremento de los ingresos vía los precios. El primero no es en realidad una opción porque bajo el principio ortodoxo de “déficit cero” no se utilizará porque pondría en entredicho el manejo “prudente y responsable” de las finanzas públicas. En cambio por la vía de los impuestos se socializa el costo de la ineficiencia económica del gobierno, pero se genera un efecto de pérdida de los ingresos reales que genera mayor desigualdad y pobreza.

El grupo gobernante sabe de las dimensiones económicas y sociales de sus decisiones y no por ellos las modificarán, no pueden hacerlo, no tienen alternativa. Aunque en el discurso insistan en el reducido efecto inflacionario y en minimizar las consecuencias de las recurrentes alzas en el precio de la gasolina, lo cierto es que tomar medidas que garantizan perder por anticipado las elecciones da cuenta de la gravedad de la situación financiera del gobierno: en efecto, el gobierno de este país está en quiebra.

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