- Señalan que debe sancionarse la obstaculización de la labor de la mujer en el servicio público
- Pendiente armonizar en Aguascalientes legislación contra la trata de personas
Actos cometidos por actores políticos o autoridades que llegan a restringir o dificultar la participación de la mujer en procesos electorales o en la función pública se catalogan como violencia política de género y deben ser tipificados como un delito, aseguró Paola Cruz Torres, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien explicó de qué manera se dan tales actos.
“La violencia política se puede ejercer durante el proceso electoral o bien ya en funciones; puede generar que la síndica o regidoras, por parte del presidente municipal o los propios regidores inhiban su función pública, que no les den acceso a la información, que no las dejen participar, que no les den presupuesto, que no les den personal, que no les den viáticos, que las tengan aisladas y hasta amenazar las físicamente”, dijo la perredista.
Agregó que el tema ya fue planteado el Congreso de la Unión por la senadora del sol azteca, Angélica de la Peña Gómez, por lo que en tanto se legisla al respecto, ya existe un protocolo de atención en contra de la violencia política contra la mujer, “es un librito que indica a qué instancias tengo que acudir, si es directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Fepade si hay que hacer la denuncia o al Tribunal Electoral para hacer un juicio de protección de derechos políticos. La violencia política de género se puede ejercer desde muchos puntos y las mujeres deben de saber que el PRD es una institución política que está apoyando para que tengan una vida libre de violencia (…) la paridad electoral también viene a reflejar la resistencia de los gobernantes que al compartir el poder de las mujeres se sienten agredidos y las empiezan a aislar, esperemos que no sea el caso de Aguascalientes”, aseguró Paola Cruz Torres, quien funge como síndico en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.
Cruz Torres, así como Ernestina Ramírez Ortiz, también integrante de la Organización de Mujeres del PRD, visitaron Aguascalientes con el fin de arrancar la instalación de las Coordinadoras Estatales de Mujeres, proceso a realizarse durante un año en todo el país, organismos que permitirán enriquecer las políticas públicas en materia de agendas de género, por lo cual Ramírez Ortiz señaló los aciertos y pendientes con los que cuenta la legislación local en la materia.
“Ya se armonizó la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley por una vida libre de violencia (…), también ya está la no violencia ginecobstétrica; la ley que nos falta por armonizar es lo referente a la trata de personas, esa es la que necesitamos que se le dé. En otras entidades ya tenemos esta agenda legislativa armonizada, en Aguascalientes todavía falta por atender esta como otras más, como el derecho al salario laboral de la parte doméstica”, dijo la perredista.
En torno a la persistencia del feminicidio en el país, dijo Ernestina Ramírez, determinadas entidades aún concentran casos de manera alarmante, por lo que afirmó que el establecer la alerta de género no puede llevarse a cabo de manera general en el país, sino en razón de las circunstancias de cada uno de los municipios, “en el Estado de México se ha establecido en once municipios, así como en otros estados. No es generalizar que se dé alerta de género en todo el país, hay condiciones y mecanismos que se tienen que establecer para que se dé alerta de género en cada estado de acuerdo con las condiciones violentas que sufran las mujeres”.
