En la colaboración de la semana pasada -primera parte de este par de artículos- establecimos algunas diferencias básicas entre los libros sagrados y las constituciones políticas, cuya convivencia en el caso de México y otras repúblicas representativas democráticas se puede condensar en la expresión estado laico (es decir, ajeno al clero porque en su gobierno no participan las iglesias).
Sin embargo, la alta jerarquía católica -una de entre los cientos de iglesias que funcionan en nuestro territorio- ha aparentado molestarse por el hecho de que lo que está haciendo el estado va en contra de lo que establece su religión. Pero el estado en ningún momento le ha dicho a religión alguna que modifique sus principios; y ni siquiera a los ciudadanos; lo que el estado está haciendo es cumplir con tratados internacionales proponiendo las medidas legislativas necesarias para otorgar protección, derechos, orientación y servicios; quien quiera aprovecharlos los aprovechará y quien no, simple y sencillamente no lo hará porque a nadie obligan.
Más aún: “Representantes anglicanos, católicos, evangélicos, mormones, judíos y budistas participaron en un foro a favor de matrimonios igualitarios y se pronunciaron por respetar la separación Iglesia-Estado.”
¿Qué es entonces lo que persigue el alto clero católico? Muy simple: demostrar su poder convocando al sector más fanático de su feligresía con un discurso religioso para que participen no en peregrinaciones, sino en manifestaciones políticas. Nada menos. ¿Pruebas?
El 18 de julio del presente año, el semanario católico mexicano Desde la Fe da a conocer que el obispo de Veracruz “…anunció que el próximo 10 de septiembre la Iglesia llevará a cabo una marcha a nivel nacional para mostrar su rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo…”
El 17 de agosto, “la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocó a los católicos a salir a las calles para movilizarse en contra de una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario… En un mensaje… firmado por el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM, se anima a los obispos a apoyar a una coalición llamada “Frente Nacional por la Familia” y asistir a dos movilizaciones que “…se realizarán el 10 de septiembre en todas las ciudades del país, y el 24 de septiembre en la Ciudad de México…”
Finalmente, tenemos las declaraciones del director general de comunicación social de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar…” quien “En una entrevista publicada en el semanario Desde la Fe…” afirmó que la Iglesia católica “no sólo está conformada por obispos y sacerdotes, sino por más de cien millones de bautizados…”
(Vale la pena hacer un paréntesis en este párrafo, donde el vocero oficial muestra el brazo poderoso de la religión católica que, considerando solo a los bautizados mayores de 18 años, constituirían una mayoría aplastante de votos; pero si a estadísticas vamos, una cosa es aprovecharse de la indefensión de un recién nacido y otra lo que ese recién nacido decide cuando ya es dueño de su consciencia y de sus actos; no todos los bautizados somos católicos; además hay una proporción importante de quienes, de hecho, tampoco lo son pero no se atreven a “salir del closet” (al igual que el caso de los homosexuales, entre los cuales también hay sacerdotes); y es incluso probable que muchos de los que sí sean católicos cabales y tengan registro electoral, no pertenezcan al partido que se identifica con la Iglesia católica -el PAN- sino a los demás, incluido el abstencionista).
Pero la cereza del pastel está en esta contundente afirmación del camarada Valdemar:
“La Iglesia católica no puede ser ajena a la política…”
¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere el alto clero es, nada más ni nada menos, que despachar desde el Palacio de Gobierno y recuperar los descomunales privilegios materiales de que disfrutó al lado del virrey durante los tres siglos de la época colonial más buena parte del siglo XIX, privilegios que perdió al entrar en vigor las leyes de reforma y la constitución de 1857.
Pero recordemos que, con excepción del voto que tienen autorización para ejercer, el artículo 130 constitucional prohíbe expresamente toda actividad política no de los ciudadanos que conforman su feligresía, sino de la institución y de sus representantes como tales.
Si el alto clero católico mexicano está pensando que va a insertar los diez mandamientos en la constitución y que le va a endosar al estado la obligación de convocar, adoctrinar y convencer a los católicos que los acaten porque ya se vio que ellos no pueden, se van a cansar de esperar.
Lo que tienen que hacer es prepararse para entregar cuentas al nuevo nuncio papal que tomará posesión en las próximas semanas y al sucesor de Rivera Carrera que en menos de un año también será sustituido por el papa Francisco.
¡A trabajar, pues!
“Con unidad en la diversidad, forjemos ciudadanía”
Aguascalientes, México, América Latina
2016, año de Jesús Terán y Jesús Contreras
