- Además de reformarse el sistema penitenciario para garantizar su readaptación
- Juan Manuel Ponce Sánchez comenta que el Sistema de Justicia Penal requiere otras modificaciones
Es necesario que todo menor de edad sentenciado por la comisión de algún ilícito sea privado de la libertad en razón a la naturaleza de delito cometido, consideró Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien consideró que la pena máxima de cinco años para menores infractores resulta insuficiente, “la duración máxima de la pena, que desde mi punto de vista cinco años es muy poco, porque no se toma en cuenta la naturaleza de los delitos, entonces es muy importante hacer una reflexión en la cual se analice si esto es correcto o no”, afirmó el representante del Poder Judicial del Estado.
Señaló Ponce Sánchez que en este caso deberían aplicarse las reformas pertinentes a los ordenamientos que rigen el sistema de justicia para menores, o en su defecto -dijo- autoridades penitenciarias deberán eficientar su operación a fin de que sea una garantía la readaptación del joven infractor en sociedad tras purgar el máximo de cinco años en reclusión, “si se consideran cinco años, entonces tendremos que resolver el sistema de readaptación social, para el efecto de que en cinco años estemos seguros de que el joven que egresa no vuelva a delinquir”, señaló Juan Manuel Ponce Sánchez.
Explicó el magistrado presidente que dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal existen otros aspectos que sería necesario considerar su modificación, esto con base en peticiones ciudadanas en torno al esquema de la prisión preventiva estipulada en nuevo sistema, “serán necesarios algunos ajustes con la finalidad de que la ciudadanía no tenga la percepción de que se trata de un sistema giratorio, que entran, van saliendo y vuelven a entrar, deberá hacerse un ajuste a este modelo, además de temas como la reparación del daño, ahí tendrá que venir una modificación”.
Explicó que en ambos casos deberá llevarse a cabo una reforma en lo federal, para lo cual será necesario someterla al proceso legislativo para su aplicación en todo el país, “éste es un código nacional, significa que cualquier iniciativa tendrá que ser aprobada por el Congreso de la Unión, obviamente esto complica la rapidez con la que se pudieran hacer modificaciones a este sistema (…), tendrá que escucharse a la sociedad y a todos los actores, los tribunales hemos planteado algunas consideraciones particulares del Código Nacional, que en su oportunidad se harán del conocimiento del Gobierno Federal para el efecto de que puedan analizarse”, concluyó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
