- Falla Tribunal Colegiado a favor de diputados del PRI y PVEM, la sentencia es definitiva
- Ambas autoridades habían recurrido la orden judicial emitida por el juez tercero de Distrito
La Fiscalía General y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes (STJE) tendrán que informar a los diputados locales del PRI-PVEM cuál es la situación legal del gobernador electo -Martín Orozco Sandoval- luego de que ayer, la justicia federal confirmó que les asiste el interés legítimo y jurídico.
El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito falló a favor de María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, quienes a mediados de julio interpusieron una demanda de amparo por las omisiones de ambas autoridades por no haber ejercitado acción penal en contra del gobernador electo, quien enfrenta un proceso penal por presunto tráfico de influencias y ejercicio indebido de atribuciones.
Cabe mencionar que tanto la Fiscalía General como el STJE recurrieron la orden judicial 1073/2016-IX-4 expedida por el Juzgado Tercero de Distrito, que les conminó a rendir un informe justificativo en el que dijeran por qué no se ha continuado la causa penal instaurada en contra de Orozco Sandoval -radicada en el Juzgado Sexto Penal del Estado de Aguascalientes, bajo el número 02/2010-; las instancias argumentaron que los representantes populares que solicitaron la información, carecen de interés jurídico y legítimo para su conocimiento, toda vez que los únicos legitimados para solicitar un amparo de esta naturaleza son el inculpado y la víctima u ofendido del delito.
No obstante, en la sesión celebrada el 22 de septiembre los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito aceptaron por unanimidad los recursos de queja 134 y 135/2016, dando así la razón a los miembros de la bancada mixta. En un plazo de diez días, las instancias serán notificadas y a partir de la notificación, cuentan con 15 días para entregar el informe solicitado.
En la demanda de amparo, los diputados argumentaron que el proceso penal que Orozco Sandoval tiene abierto desde el año 2010 lo mantiene privado de sus derechos políticos, lo que lo vuelve inelegible como gobernador.
De acuerdo con el abogado constitucionalista José Óscar Valdéz Ramírez, esta resolución marca un precedente que certifica el interés legítimo de los diputados en asuntos de esta naturaleza: “Esto nos abre un parteaguas impresionante porque ya pueden presentar demandas por interés legítimo, es un segundo presente después de que la organización Mexicanos Primero, tramitó un amparo contra los sindicatos”.
Esto significa que en adelante, cualquier diputado local puede presentar una demanda a nombre de sus representados por omisión constitucional y actos de autoridad e iniciar un juicio.
