- En lugar de hacerse cargo, autoridades vinculan a las personas con el Observatorio de Violencia Social y de Género
- A pesar de sus carencias, la organización procura acompañar a las víctimas que acuden en busca de ayuda
Las autoridades inmersas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género han estado delegando a organizaciones de la sociedad civil, responsabilidades inherentes a los procedimientos administrativos y penales, denunció la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), Mariana Ávila Montejano.
Si bien no es su responsabilidad, la organización ofrece servicios de acompañamiento y coadyuvancia a quienes se acercan a solicitarlos. Sin embargo, muchas personas han sido vinculadas por los DIF municipal y estatal, los institutos de la mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso por el Ministerio Público, cuando su obligación es atenderlas directamente.
Aunque el OVSGA no cuenta con suficiente capacidad profesional, recursos y estructura para acompañar a las víctimas, “toda mujer que llega a nosotros obtiene una respuesta, tratamos de dar el acompañamiento aunque no es nuestro objetivo, nuestro objetivo tiene que ver con estar vigilantes de las políticas públicas y del acceso a la justicia”.
Ávila Montejano consideró que las autoridades se lavan las manos al actuar de esta manera: “Las organizaciones hacen chamba que no les corresponde a pesar de que los Ministerios Públicos tienen que ser los primeros interesados en que los delincuentes tengan una sentencia”.
Continúa repitiéndose lo ocurrido con el caso de Mariana Lima Buendía, cuya madre tuvo que aprender criminalística y derecho para evitar que se diera carpetazo al feminicidio, con el único apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, grupo que desarrolló todo el trabajo de investigación debido a la obstrucción de justicia por parte de las autoridades de procuración.
“El involucrarnos dentro de estos procesos nos ha permitido encontrar todas las omisiones y obstáculos en el camino a la justicia, todas las trabas institucionales que se tienen en las normativas. Entendemos que en ocasiones no es que no lo quieran hacer, sino que sus facultades los limitan y que son observaciones que tenemos que hacer llegar al poder legislativo para discutirlo con el ejecutivo.”
“Vemos los casos de gente que va a denunciar, y vemos que su realidad no es la misma que ven los estudiantes de las universidades y que es mucho menos parecido a lo escrito en los libros de derecho. Es lo que tenemos que observar, cómo se aterriza esta información a la realidad cotidiana de las personas que necesitan el acceso a la justicia”.
La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes exigió a las instancias responsabilizarse del acceso a la justicia, “no estamos hablando de condenas y sentencias, de que metan gente a la cárcel, ni queremos tener a todo mundo detenido; se tiene que juzgar y cuando el debido proceso demuestre que son personas que han delinquido, proceder conforme la ley (…) una mala atención a una denuncia genera impunidad”.
