Gobierno de la sociedad: la relación entre los consensos sociales y los consensos políticos / De política, una opinión - LJA Aguascalientes
26/05/2022

El surgimiento de las instituciones en una sociedad, sucede debido a las necesidades que tiene la población. Llamamos institución, consecuentemente, a las organizaciones que se forman en la sociedad para llevar a cabo una determinada función: la palabra institución significa, por lo tanto, darle formalidad a una acción, de tal manera, que dicha acción ya no se realiza por casualidad o por espontaneidad.

Cuando esa acción “se instituye”, se le da formalidad, y pasa a ser, valga la repetición, una nueva institución en la sociedad. De esta manera observamos que en la sociedad han surgido innumerables instituciones que prestan una función y un servicio a la población. Los ejemplos serían, también, innumerables: la institución-escuela tiene la función de dar educación a la población, la institución-hospital tiene la función de restablecer la salud en las personas, la institución-fábrica de ropa, así mismo, tiene la función de elaborar prendas de vestir, etcétera, etcétera.

En este mismo contexto, el Estado-gobierno es una institución que surge en la sociedad, para cubrir la necesidad de que la población sea gobernada. La función de gobernar la sociedad se puede resumir en varios puntos: organizar la vida de la sociedad, ser autoridad, emitir las reglas que regirán la vida de los ciudadanos y las cosas, atender las necesidades de la población, resolver sus problemas comunitarios, etcétera.

Los elementos de la función de gobernar, cierto, son obvios y parece de más señalarlos. Sin embargo, observamos que, en el desempeño de sus funciones, algunos gobernantes suelen olvidarse del sentido que tiene estar al frente de las instituciones políticas. El gobierno, consiguientemente, se debe a la sociedad, es para la sociedad, y no la sociedad para el gobierno.

¿Por qué decir que, en ocasiones, los gobernantes olvidan el sentido de su función en el gobierno? Porque en sus decisiones y acciones no dan valor a los consensos sociales. Consideran que basta el consenso político para llevar a cabo cualquier iniciativa de ley, o cualquier acción de programa. En rigor y precisión políticas, cualquier acción de gobierno debiera ser una respuesta, desde la institución responsable de hacer el gobierno de la sociedad, para atender o resolver problemas y necesidades de la población.

El asunto de la diversidad sexual se ha vuelto hoy extremadamente delicado, debido al, desde este punto de vista, equivocado manejo político que están haciendo los gobernantes. El problema, considero, no es la innegable existencia de la diversidad sexual en la sociedad, a la que es necesario dar atención y respuestas. El problema, señalo un aspecto, es el no realizar el trabajo político necesario para construir adecuadamente los consensos sociales requeridos para dar cabida a los grupos existentes de la diversidad sexual.

Los actores presentes en este asunto, participando de una forma activa, son varios: ciudadanos que siguen las convocatorias del Frente Nacional por la Familia, miembros de la Conferencia Episcopal Mexicana, y ciudadanos de grupos lésbico-gay-bisexual-transexual-travesti-transgénero, LGBTTTI. La conformación y movilización del Frente surgió con motivo de la presentación que hizo el presidente Enrique Peña de la iniciativa para los matrimonios igualitarios; los grupos LGBTTTI se han movilizado desde hace años.

En el tratamiento del asunto, propiamente, observamos de manera resumida, dos niveles: uno, escaso en ambos grupos, de la consideración racional de la diversidad sexual en la sociedad (la escasez ha ido creciendo en la medida en que el segundo nivel de tratamiento se ha ido incrementando); y, el segundo, consiste en el tratamiento dogmático del asunto en cada posición. En el segundo nivel prevalecen las expresiones estridentes, mas no las que permitirían construir los consensos sociales, presupuestos indispensables y obligados para llegar a los consensos políticos.

Con todo el riesgo que significa la exposición del punto siguiente, me atrevo a presentarlo: nuestra consideración de la naturaleza, observo, no siempre es precisa. Es decir, hablamos del valor y la importancia de la naturaleza para sostener determinados criterios en unos casos, y, en ocasiones, no para otros. En algunos casos consideramos a la naturaleza como absoluta e incambiable, pero en otros la flexibilizamos y aceptamos sus diferencias.


Aplico la reflexión anterior (a sabiendas de que pueda incurrir en equivocación, que, en su caso, corregiré si llega a ser necesario): el punto de partida es que la naturaleza, en su perfección científica, tiene formas distintas de manifestación, y un ejemplo de esto son las personas con discapacidad (aquí solicito atentamente evitar llevar el punto al plano de la calificación de “normalidad-anormalidad”, porque distorsionaría completamente la reflexión).

Hoy las personas con discapacidad son parte legal y reconocida de nuestra sociedad; su integración en ningún momento representó el desatino de que, al incluirlas en nuestros marcos legales de atención, deduciríamos que todos o muchos tendríamos que ser como ellos. De la misma forma, permítaseme decir: en la diversidad sexual, la naturaleza se manifiesta en las personas de diferentes maneras, constituyéndose así, en el camino para su consideración y aceptación.

Sin embargo, el avance legislativo de las implicaciones de la diversidad sexual en una sociedad, no inicia ni es suficiente con el consenso político generado en las instituciones del Estado-gobierno. Es necesario recordar que las acciones de esta institución tienen su origen y validación en la sociedad, que es la mandante del gobierno.

Si bien la presentación de la iniciativa de ley se dio en un momento inoportuno, al grado que está generando una regresión en el tratamiento y aceptación de la diversidad sexual a tiempos que creíamos ya superados, no inhibe el que se tenga que trabajar sobre el tema. El sector ausente está siendo, precisamente, el político de gobierno.

La responsabilidad de los gobernantes en la institución social llamada Estado-gobierno, no es imponer autoritariamente la tolerancia y la pluralidad en el asunto; su responsabilidad consiste en llevar su tratamiento del segundo nivel, en que es difícil llegar a acuerdos y consensos, al primero, donde, pacíficamente, se podrán generar éstos.

 


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