- La igualdad debe impulsarse en escuelas, universidades, institutos, organizaciones sociales y en la vida de la sociedad civil para que se dé de manera natural
- Con las reformas a la Constitución se han hecho reformas inconstitucionales
Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estableció que las leyes no cambiarán la realidad social y para hacer efectiva la paridad de género hace falta educar. “Si no educamos en la igualdad, no vamos a poder llegar a la paridad”, afirmó.
“Tenemos que educar a las nuevas generaciones en la igualdad y los adultos tenemos que reeducarnos en la igualdad. Además, habrá que impulsar esta igualdad en las escuelas, en las universidades, en los institutos, en las organizaciones sociales, en la vida de la sociedad civil, en todas partes tenemos que impulsar esta participación igualitaria y de manera natural se dará, pero no puede ser forzando la ley o modificando la ley.”
Al participar en las conclusiones del Informe Justicia Electoral 2016: Elección de la Asamblea Constituyente CDMX y Gubernaturas Locales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. (CMDH) y la Fundación Konrad Adenauer, el magistrado Galván Rivera aseveró que no se debe caer en excesos para forzar situaciones a fin de atender el principio de paridad.
Se refirió a la legislación de Chiapas, que establece que los candidatos deben ser 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, y esa paridad horizontal es factible. Chenalhó y Oxchuc son dos ejemplos de lo que en la realidad sucede. También señaló el caso de las Juanitas o mujeres que se prestaron a la “falsa política, aceptando ser candidatas o diputadas suplentes o propietarias, y todavía no se había instalado el Congreso cuando más de una ya había solicitado licencia”.
En su intervención, mencionó que el modelo de dos instituciones en materia electoral con el Instituto Federal Electoral, ahora nacional, como autoridad administrativa y el Tribunal Electoral como órgano jurisdiccional, dejó de ser una materia puramente política para convertirse en materia jurídica.
De la conclusión del Informe respecto a que el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF, aunque se coordinaron no lograron superar muchos de los problemas, señaló la falta de respeto al sistema federal y subrayó que un Estado que se precie de respetar sus instituciones tiene que respetar competencias.
Señaló que el artículo 116 de la Constitución, en su fracción IV, indica que “las constituciones y leyes de los estados se deben ajustar a la Constitución y a las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión. ¿Desde cuándo el Congreso de la Unión legisla para toda la Federación? No en el ámbito federal sino en el ámbito local”.
“Ahora, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las constituciones y leyes de los estados, así como las autoridades, deben ajustarse a lo previsto en la Constitución Federal y en esta ley, Ley General. La Suprema Corte de la Nación ha declarado constitucionales estas leyes generales, diciendo en su tesis de jurisprudencia que el Congreso Constituyente o el Poder Revisor permanente de la Constitución ha renunciado a la facultad de distribuir competencias y ahora la delega al Congreso de la Unión para que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes generales”.
El magistrado concluyó: “¿Qué hemos hecho con el sistema federal? ¿Qué hemos hecho al reformar la Constitución? Reformas inconstitucionales”.
Con información del TEPJF
