Inadecuado y parcial el trabajo de la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes - LJA Aguascalientes
01/12/2022

  • La Sala Regional Monterrey revocan sentencias locales y considera inadecuado el análisis que realiza la Sala, así como parcial su forma de valorar las pruebas
  • Antonio Martín del Campo sí difundió propaganda gubernamental durante las campañas electorales
  • Ordenan a la Sala local una nueva resolución para imponer una sanción económica al PRI

 

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le vuelve a enmendar la plana a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, al corregir dos sentencias relacionadas con el pasado proceso electoral, además descalifica el trabajo del organismo local al considerar que realiza un análisis inadecuado y parcial de las pruebas.

Los magistrados Claudia Valle Aguilasocho, Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón determinaron revocar la sentencia de la Sala local acerca de la difusión de propaganda gubernamental realizada por Antonio Martín del Campo, y ordenaron que se emita una nueva resolución. En este caso, la Sala Monterrey consideró que el análisis elaborado por el tribunal local acerca de de los elementos de prueba fue inadecuado, ya que omitió analizar el contenido de las notas periodísticas que fueron denunciadas, de las cuales se advertía que se difundió propaganda gubernamental en un periodo prohibido. A partir de esas notas periodísticas, aportadas como prueba por el Partido Revolucionario Institucional, el magistrado ponente Yairsinio García, indicó que contenían expresiones calificadas como propaganda gubernamental atribuible al presidente municipal de Aguascalientes y que fueron difundidas durante la etapa de las campañas electorales. Dado que lo anterior está prohibido por la ley electoral local, se ordenó a la Sala local emitir una nueva resolución en la que tenga por acreditada la infracción a la norma electoral por parte de Martín del Campo y que determine la sanción que corresponde imponer.



 

La Sala Administrativa y Electoral había desestimado la demanda del PRI y declaró inexistente la violación de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda; sin embargo, en el estudio de caso realizado por la Sala Monterrey consideró que el organismo local “realizó una valoración parcial de los medios de prueba ya que para establecer si de las notas informativas materia de la denuncia se advertía una transgresión a las restricciones relacionadas con la comunicación gubernamental, era preciso analizar su contenido además del contexto en el que fueron publicadas”, y se indica que la valoración de los elementos de prueba fue inadecuado al omitir el contenido de esas notas, por lo que “indebidamente consideró que era suficiente que no se hubiera demostrado que estas coberturas hayan sido contratadas u ordenadas por la autoridad municipal para descartar que se trataba de propaganda gubernamental”. Los textos periodísticos que se refieren fueron publicados en el Hidrocálido, El Heraldo de Aguascalientes y Página 24, se refieren a entrega de apoyos al agro que realizó Antonio Martín del Campo, la entrega de obras de pavimentación en la colonia Héroes y la inversión de 23 millones de pesos que ha realizado la administración municipal en otorgamiento de becas en distintos niveles educativos.

Tras el análisis del contenido de las notas, los magistrados de la Sala Monterrey determinaron que las manifestaciones de Antonio Martín del Campo sí constituyen una violación a la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales, por lo que se ordenó a la Sala local que emitiera una nueva resolución en la que tenga por acreditada la infracción a la norma electoral por parte del servidor público municipal y que determine la sanción que corresponde imponer.

En la misma sesión de la Sala Monterrey, también se revocó la resolución dictada por la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes, al concluirse que la multa que impuso no tomó en cuenta, como debía hacerlo, la capacidad económica del PRI, pues así lo exige la ley. Dicho asunto, derivó de un procedimiento especial sancionador en el cual la autoridad electoral local consideró que José de Jesús Ríos Alba, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes postulado por la coalición Aguascalientes grande y para todos, había violado la norma electoral porque en su propaganda electoral, colocada en un espectacular, sólo utilizó su emblema y no el de la coalición o de todos los partidos coaligados como era debido. En ese sentido, se ordenó a esa autoridad local emitir una nueva resolución en la que además de todos los elementos necesarios para imponer una sanción, considerara la capacidad económica del partido político. La multa impuesta por la Sala local fue de 182 mil 380 pesos con 88 centavos. La Sala Monterrey consideró que el cálculo del monto de la multa fue erróneo, pues en su valoración “sólo refirió de forma dogmática y genérica que en autos no está acreditada la capacidad económica del PRI, pero que al ser un partido político recibe financiamiento público”, por lo que se ordenó al tribunal local que emita una nueva resolución en un plazo de diez días, y considere la capacidad actual y real del infractor para graduar la sanción económica.

Al enmendarle la plana a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial de Aguascalientes y ordenar que se sancionara al alcalde Antonio Martín del Campo por su intromisión en el proceso electoral, la dirigencia estatal del PRI declaró sobre estas resoluciones que con ellas se confirmaba la corrupción y violación del PAN en Aguascalientes

La dirigente Norma Esparza Herrera señaló que el Tribunal Federal dio la razón al PRI y a los partidos coaligados, toda vez que los magistrados confirman que Antonio Martín del Campo utilizó la propaganda gubernamental de manera indebida para beneficiar a su candidato Martín Orozco Sandoval: “El Tribunal Federal nos da la razón y se comprueba que en Aguascalientes el Partido Acción Nacional es corrupto y violó la ley, al beneficiar a sus candidatos utilizando los recursos públicos, violando la Carta Magna”, además lamentó que en Aguascalientes la Sala Administrativa y Electoral de manera extraña emitió la resolución en la que declaró inexistente la violación y absolvió a Martín del Campo, por lo que ahora la Sala Monterrey al encontrar elementos le ordena inmediatamente sancionar al presidente municipal.

En agosto, Sala Administrativa y Electoral local rechazó los recursos de impugnación promovidos por la coalición Aguascalientes grande y para todos conformada, así como la interpuesta por el partido Movimiento de Regeneración Nacional para anular los comicios que ganó el panista, Martín Orozco Sandoval. El presidente de la Sala local, Enrique Franco Muñoz, confió en que las instancias superiores confirmarían las sentencias correspondientes y defendió el trabajo realizado al señalar que el organismo tomó sus decisiones en apego a derecho y de conformidad con el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes. Si bien se pronostica que las impugnaciones también se desecharán en las instancias superiores, el Tribunal Federal ha amonestado al menos ya tres veces a la Sala local, y no sólo eso, sino que descalifica en forma constante el trabajo que realiza.


La Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado la integran los magistrados Enrique Franco Muñoz (presidente), Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, e inició sus labores en octubre de 2012.

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia federal encargada de impartir justicia electoral dentro de la segunda circunscripción electoral (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), está integrada por la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien la preside y los magistrados Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón.


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Edilberto Aldán
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Director editorial de La Jornada Aguascalientes
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