- Intentan recurrir a mediación y conciliación pese a que la justicia alternativa está contraindicada en casos de violencia de género
- Mujeres violentadas han sido motivadas a desistir de la denuncia
La transición al nuevo Sistema Penal Acusatorio ha dificultado a las víctimas de violencia de género el acceso a la justicia, debido principalmente a la desinformación en torno a los cambios en el procedimiento de denuncia.
La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila Montejano, señaló que la constante entre las más de 80 mujeres que han solicitado acompañamiento o coadyuvancia a la organización es que nadie les explicó quién las está atendiendo, cuánto tiempo tendrán que esperar y cómo se integra su carpeta de investigación, sin importar si se trata de delitos sexuales, acoso, lesiones o feminicidio: “Debido a la mala comunicación de las autoridades con la ciudadanía y cuando nosotras entramos a acompañar lo que buscamos es aclarar un poco el camino”.
Agregó que a partir de la entrada en vigor de la oralidad en el estado, se ha difundido la idea de que difícilmente se procederá contra los agresores al tratarse de delitos menores. Se intenta recurrir a la mediación y la conciliación a pesar de que la justicia alternativa está contraindicada en casos de violencia de género: “Hemos tenido procesos de mujeres violentadas que son motivadas a desistir de la denuncia, en lugar de empoderar a las mujeres y generar confianza en la autoridad, lo único que causa es que desistan de formalizar y continúen en el mismo círculo de violencia”.
La activista consideró que la creación de Centros de Justicia para Mujeres era necesaria, sin embargo en el ámbito local no se difundieron sus funciones lo suficiente. Además la descentralización y su reubicación a otra parte de la ciudad ha causado una gran problemática a las víctimas, pues “para que las mujeres lleguen al Centro de Justicia quiere decir que ya pasaron por el Ministerio Público y probablemente vienen de los municipios del interior”.
La propuesta del Observatorio de Violencia Social y de Género es facilitar el acceso a la justicia mediante la información, pues es un derecho de las personas conocer a qué instancias acudir y de qué manera serán atendidas. La mala atención únicamente abona a la impunidad.
Otro obstáculo ha sido la negativa a transparentar los expedientes, a los que solamente se puede tener acceso al ser coadyuvante o la persona involucrada: “Se nos han negado con argumentos variados, desde que no hemos especificado para qué los queremos como si fuera una ocurrencia solicitar un expediente con copia certificada a diez pesos cada hoja en tomos de hasta 500 hojas y todavía nos preguntan ¿y para qué quieren eso ustedes? (…), nos muestran artículos que advierten que se procura que no lleguen a manos de terceras personas a pesar de que quien lo quiere es la coadyuvante”.
–¿Ha sido contraproducente la puesta en marcha del nuevo sistema?
–No sé si sea el nuevo sistema o es que las personas que lo están ejecutando no han cambiado el chip. No se ha logrado esa transición.
