- El conflicto data de la administración de Ricardo Magdaleno Rodríguez
- Ahorita yo no quiero buscar culpables, queremos buscar soluciones: Martín del Campo
El alcalde Antonio Martín del Campo confirmó que el municipio capital enfrenta una demanda millonaria por la expropiación irregular de un terreno ubicado en Canal Interceptor esquina con avenida Universidad, propiedad de la empresa JMGO Constructora e Inmobiliaria SA de CV.
Si bien la operación data del año 2002 -durante la administración de Ricardo Magdaleno Rodríguez- el Juzgado Segundo Distrito emitió en agosto una sentencia que obliga al gobierno capitalino a reintegrar la cantidad correspondiente a los daños generados por la construcción de dicha vialidad, por un monto de 32 millones de pesos aproximadamente. El documento advierte que de no cumplir con el pago, al presidente municipal, el síndico procurador, Ahmed Franco Aguilar y el titular de la Secretaría de Finanzas, Evaristo de la Torre, podrían ser sancionados con la destitución de sus respectivos cargos y una multa de hasta cien días de salario mínimo vigente a cada uno.
Martín del Campo dijo que si bien hay voluntad de acatar la orden del juez federal por parte de las autoridades, en estos momentos no hay recursos para solventar la indemnización antes mencionada, toda vez que ya se ha ejercido casi en su totalidad el presupuesto de egresos 2016: “Nosotros hablamos con los representantes para decirles ‘ok, adelante’ pero ahorita no tenemos el recurso. Les hicimos algunas propuestas, entre ellas dejar un presupuesto para el próximo año, cosa que ellos no aceptaron; les propusimos hacer una permuta con algunos terrenos municipales que tampoco aceptaron; ellos lo que quieren es el dinero”.
Agregó que el tribunal conminó al municipio a solicitar al Congreso del Estado la ampliación del presupuesto de egresos para poder indemnizar a la parte afectada, sin embargo, el legislativo no ha respondido al oficio y además “sabemos que no es quien te da el recurso, pero estamos en ese proceso”.
Por este motivo se han puesto a consideración de los afectados cinco terrenos municipales que pueden ser adquiridos por ellos mismos, o bien, que pueden ser vendidos en subasta para completar el recurso para pagarles: “El objetivo es poder resolver este conflicto antes de que finalice esta administración y así no heredar problemas a la próxima; hasta el momento no se ha fijado una fecha límite para finiquitar el pago”, a menos de que el tribunal emita una nueva sentencia que diga que el pago debe ejecutarse de manera inmediata. Incluso se contempla la posibilidad de presupuestar los 32 millones para que el gobierno entrante finiquite el próximo año.
–¿Alcanzaría responsabilidad la administración que hizo el mal proceso?
–Tendríamos que irnos a otro juicio. Hubo una afectación (…) y al parecer se iban a permutar unos terrenos, no hubo una permuta como tal, terminó la administración, siguió otra y no hubo seguimiento y por eso hubo estos problemas (…) ahorita yo no quiero buscar culpables, queremos buscar soluciones.
