- Comisión de Gobernación dictaminó la iniciativa presentada por el diputado Leonardo Montañez
- La propuesta busca incrementar gradualmente el porcentaje del gasto programable estatal destinado al Poder Judicial
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado dictaminó, en su última sesión, una iniciativa para reformar al artículo 51, párrafo primero, de la Constitución Política Local a efecto de fortalecer presupuestalmente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
La iniciativa, presentada por el diputado Leonardo Montañez Castro, establece que el porcentaje del gasto programable destinado al Poder Judicial aumentará paulatinamente a partir del próximo año hasta llegar a un 2.5 por ciento en 2020.
Para el ejercicio fiscal 2017, deberá representar el 1.9 por ciento respecto al gasto programable previsto en el presupuesto de egresos estatal; para 2018, será del 2.1 por ciento; para 2019, del 2.3 por ciento y a partir del ejercicio fiscal 2020, deberá representar el 2.5 por ciento del porcentaje del gasto programable del estado para el año que corresponda.
“No estamos limitando ni acotando, simplemente se está proponiendo la base del presupuesto como mínimo, ya si el Poder Ejecutivo en turno le quiere dar más dinero al Poder Judicial en próximos años, estaríamos muy satisfechos”, detalló la presidente de la comisión legislativa de Gobernación, María de los Ángeles Aguilera Ramírez.
De 2011 a 2016, los recursos asignados al STJE oscilaron entre el 1.57 y 1.67 por ciento del presupuesto de egresos estatal: en 2011, la cantidad asignada fue de 204 millones 429 mil pesos, lo que representó el 1.65 por ciento del gasto total del estado, que fue de doce mil 321 millones 109 mil 800 pesos; en 2012, el Poder Judicial recibió 219 millones 28 mil pesos, el 1.59 por ciento respecto al gasto programable; en 2013, fueron 227 millones 789 mil pesos, 1.56 por ciento; en 2014, 237 mil 789 pesos, 1.57 por ciento; en 2015, 268 millones 301 mil pesos, 1.57 por ciento y en 2016, hubo 303 millones 553 mil pesos, el 1.67 por ciento del presupuesto de egresos estatal.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la mayor parte de este recurso se destina al pago de nómina y gastos operativos del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que con esta reforma se espera subsanar carencias en materia de capacitación, mobiliario, recursos técnicos y homologación de salarios.
Reconoció que el gobierno estatal ha tenido que gestionar partidas federales para fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial, como ocurrió con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y recordó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo donaron los terrenos en donde se edificó Ciudad Justicia: “La idea es que ellos tengan la certeza de que siempre irá subiendo un poco el recurso para las necesidades del poder judicial, en la comisión consideramos que se trata de una muy viable, creemos en la división de poderes (…), cuando ha habido gobiernos anteriores a esta administración donde no se le apoyaba lo suficiente”.
Según un análisis elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), Aguascalientes fue el estado con el subsidio más bajo asignado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) para la puesta en marcha de la oralidad entre 2010 y 2015, con un monto de 42 millones 930 mil 869.65 pesos en todo ese periodo.
