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jueves, enero 29, 2026

Tiene Aguascalientes obstáculos regulatorios en materia de transporte público

Hilda Hermosillo
Hilda Hermosillo
Periodista en ciernes. Contestataria y suspicaz por naturaleza, un tanto caprichosa, algo distraída, siempre aprendo de todo, vivo a pleno cada centésima de segundo y no podría vivir sin música. Equidad de género. Medio Ambiente. Derechos humanos. Justicia. Política y elecciones.

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  • Cofece señala la inexistencia de estudios de factibilidad para autorizar concesiones y la discrecionalidad en el otorgamiento de las mismas
  • Para dicho estudio se revisaron más de 400 leyes y reglamentos en las 32 entidades federativas del país

 

De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Aguascalientes presenta obstáculos regulatorios para la competencia en materia de transporte público.

El reporte “Miscelánea de Obstáculos Regulatorios a la Competencia, Análisis de la Normativa Estatal” identificó que el hecho de que no se prevea un método competido para otorgar concesiones; que no se considere la elaboración de un estudio de factibilidad para determinar la necesidad de otorgar un mayor número de concesiones, o bien, que se incluya a las asociaciones de transportistas en su elaboración y que no se prevea el plazo de duración de las concesiones, pueden inhibir la competencia económica de la entidad

Además, cuestiona que contemple la cesión de los derechos establecidos en la concesión por invalidez o fallecimiento en favor de los beneficiarios elegidos o familiares del concesionario, toda vez que la entidad junto con Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas establecen que los proveedores del servicio de transporte público pueden decidir de manera discrecional un beneficiario para transmitir y ceder sus títulos habilitantes.

Entre las propuestas de la Cofece se encuentran prever la realización de estudios o análisis que permitan determinar, sobre bases técnicas y sin la intervención de los agentes del sector, las necesidades de transporte público y la conveniencia de otorgar más concesiones; establecer mecanismos competidos para el otorgamiento de las mismas cuando su número sea limitado y eliminar la posibilidad de reexpedir las concesiones en caso de fallecimiento o invalidez del propietario, dado que su otorgamiento debe privilegiar en todo momento la capacidad del solicitante para prestar el servicio de forma adecuada.

La importancia del transporte público reside en que facilita y permite la movilidad de personas y mercancías, determinando las condiciones de bienestar social y desarrollo económico.

El estudio señala que en este sector es relevante la competencia por el mercado y en el mercado: “Por una parte, en la competencia por el mercado, un proceso competitivo garantiza la asignación eficiente de permisos o concesiones, normalmente a favor del agente más solvente y calificado. Por la otra, cuando existe un ambiente de competencia en el mercado (en la prestación del servicio), los proveedores buscarán atender de mejor manera la demanda y necesidades de los usuarios en cuanto a calidad, rutas, capacidad, horarios y precios”.

El órgano considera que una regulación pro-competencia permite obtener las mejores condiciones tanto para el estado como para los usuarios. Si bien la regulación puede diferir en función del tipo de servicio de que se trate -pasajeros, carga y colectivo o individual- en general debe abocarse a satisfacer objetivos de protección al usuario, ordenamiento urbano y eficiencia en la prestación del servicio. Así, al regular el transporte de pasajeros o mercancías en su jurisdicción, la regulación estatal debe procurar no imponer obstáculos que afecten indebidamente la libre concurrencia y competencia.

Para la elaboración de dicho estudio, se realizó una revisión de más de 400 leyes y reglamentos en las 32 entidades federativas del país, a efecto de identificar obstáculos regulatorios que podrían afectar la competencia en cinco rubros de gran relevancia para la actividad económica: contratación pública, desarrollo urbano, agropecuario, transporte público y ejercicio profesional. De esta manera, la Comisión Federal de Competencia Económica ubicó obstáculos regulatorios en los 32 estados de la República que afectan el medio ambiente, la seguridad y la salud de la población, y minan la competencia entre las empresas al dificultar que entren a los mercados y compitan en igualdad de condiciones.

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