A finales de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo la Tercera Semana Nacional de Transparencia en la que se pretende promocionar la cultura de la transparencia y crear conciencia colectiva sobre los derechos de acceso a la información, por lo que en esta ocasión se dio paso a mostrar cómo se puede combatir la desigualdad social a través de la transparencia.
Por ejemplo, es posible saber que el 77.5 por ciento de los puestos de dirección general en el Gobierno Federal son ocupados por hombres mientras que el 22.5 los son ocupados por mujeres.
La información que cualquier ciudadano puede solicitar a los entes públicos respecto a su actividad gubernamental y procesos administrativos es, por lo menos en la ley, una realidad que sin duda muestra un avance en la vida democrática del país; sin embargo ahora es momento de poner estas herramientas jurídicas en manos de los ciudadanos a fin de que no suceda lo que con muchos derechos, son desconocidos por sus poseedores; lo que por naturaleza significa que quienes tienen la contra responsabilidad de hacerlos válidos, que son los servidores públicos se hagan de la vista gorda para seguir manteniendo la opacidad de la que ha disfrutado desde siempre la clase política mexicana.
El esfuerzo, sin duda, debe estar acompañado por la determinación de las organizaciones de la sociedad civil, que a últimas fechas, han demostrado ser un motor capaz de captar la atención de los políticos aunque éstos al final terminen medio haciendo las cosas para no terminar con sus privilegios, como sucedió con la iniciativa 3de3.
Y es que lo primero que no debemos olvidar es que la clase política y la burocracia son antes que nada ciudadanos. Pero ¿quién nos enseña a ser ciudadanos? Es por eso que es necesaria la participación de la sociedad civil organizada, pues por medio de su voz y sus recursos es posible ciudadanizar al pueblo; también es importante que con su presión haga una realidad una Reforma Educativa en el que sea posible formar maestros que eduquen adultos no solo en temas académicos, sino también en los que tocan a la convivencia social a partir del conocimiento de derechos y obligaciones de los individuos, y que en el largo plazo permita que esa generación de nuevos ciudadanos informados sea capaz de erigir a su vez otras generaciones cada vez mejor preparadas.
Enfocando a Aguascalientes en los temas de transparencia hay que decir que junto con Veracruz (gobernado por el priista con derechos partidistas suspendidos, Javier Duarte, por escándalos de corrupción en su gobierno) son los únicos estados del país que no han armonizado sus respectivas leyes locales de transparencia; en el caso de Aguascalientes aunque el Congreso aprobó la armonización el 5 de mayo del presente año, la ley no pudo ver la luz gracias al veto al que tiene derecho el Ejecutivo estatal pues solicita la modificación de seis artículos y diversas fracciones de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado de Aguascalientes y sus municipios.
Entre los cambios que pide el gobierno de Carlos Lozano de la Torre está la prolongación del tiempo que tienen para hacer pública la información que generan las dependencias gubernamentales para ser actualizada en un término de 20 días como dice la ley vetada, el Ejecutivo pide que sean tres meses, con el pretexto de que así lo dice la Ley General.
También el Ejecutivo se opone que las solicitudes de información sean resueltas en diez pues la Ley General permite que sean 20 días como máximo. Además menciona que el proceso de selección de comisionados que integran el pleno del Instituto de Transparencia por lo que entra en duda cuando deben ser reemplazados quienes actualmente cobran como consejeros.
Y es que en materia de transparentar información pública, los políticos priistas de la vieja y de la nueva escuela (aunque también los panistas que han sabido mimetizarse en el sistema político que opera en el país), son los primeros en oponerse pues creen que en su mundo de privilegios ellos están por encima de los ciudadanos y que son ellos quienes deben de decidir qué información es de interés y cual no es necesaria que sea pública.
Sin duda apostarle a la promoción del derecho de acceso a la información es el camino para reducir de manera efectiva la corrupción y la desigualdad en nuestra sociedad; y es la manera también de obligar a nuestros empleados públicos (sean políticos y/o burócratas) a que recuerden que son parte de la sociedad como ciudadanos y que sus encargos no los pone por encima de nada y de nadie.
@aguileralespron
