Opinión

El ITEA o “Ya pasaron sus seis años, jóvenes, ¿qué siguen haciendo aquí?” / El Foro

¿En qué se parecen nuestro querido estado de Aguascalientes y el de Veracruz? En que se trata de las únicas dos entidades federativas de todo el país que no han armonizado su legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que iniciara en vigor por decreto de fecha 4 de mayo de 2015. La referida ley general, que regula a nivel nacional a los organismos garantes del derecho al acceso a la información de los mexicanos como el INAI (o como lo conoce Enrique Peña Nieto, el Instituto de Información y de Acceso a la Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la Información Disponible para la Ciudadanía desde el Gobierno, el IFAI), otorgaba en su artículo transitorio Quinto un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la referida ley general para que las legislaturas locales armonizaran su andamiaje legal local con las nuevas disposiciones en materia de transparencia.

El referido plazo venció el 5 de mayo de este año 2016 y hasta ahora, como Duarte en Veracruz, nadie había querido tocar nuevamente el tema de la transparencia en Aguascalientes luego del veto del gobernador a la propuesta de armonización presentada por el legislativo a mediados de año, hasta ahora.

En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes de fecha 20 en septiembre de este año, según informaron periodistas como Cynthia Andrade y medios como La Jornada Aguascalientes, fue aprobado un dictamen mediante el cual se plantea, aprovechando que van a cumplir con su obligación de armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes con la legislación federal, extender hasta el 15 de octubre de 2017 tiempo en el cargo de los actuales Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (que según establece la Ley local deben permanecer en el cargo seis años) y que fueron designados por el legislativo justamente un día como hoy, 1 de octubre de hace 6 años.



Hoy se cumplen los 6 años que, por ley, los tres comisionados del ITEA debían permanecer en el cargo, pero siguen ahí. Si bien es posible que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales haya tenido como argumento el artículo 38 de la Ley General de Transparencia (a la que no han armonizado la ley local, dicho sea de paso), para sostener que dicha disposición establece que los congresos de las entidades federativas deben garantizar la integración colegiada y autónoma del organismo gerente local -ITEA- y que sus miembros no deberán durar en el cargo más de 7 años; lo cierto es que no deja de ser una acción legislativa perversa y jurídicamente imprecisa.

Es perversa por la relación de cercanía que existe entre los comisionados y la cúpula del gobierno local de 2010, porque el ITEA tiene la facultad de clasificar información que el lector, los legisladores y administraciones entrantes deberían saber para tomar decisiones. Es perverso porque es síntoma de la sistemática tendencia a buscar blindar la administración saliente ocultándose tras los transitorios, buscando dejar fiscales, presidentes de tribunales de justicia y comisionados de transparencia a modo.

Es jurídicamente impreciso, tanto es así que a los congresos de Veracruz y Quintana Roo les han tumbado, vía controversia constitucional, reformas que blindan gobiernos salientes. El congreso ya incumplió en tiempo el haber reformado la ley y los abogados que me leen saben qué es lo que pasa cuando presentas algo fuera de término.

Aun así, dicho dictamen fue subido a pleno y aprobado por el Congreso. Nuestros comisionados de transparencia (que son de los peores evaluados en lo nacional) seguirán clasificando y desclasificando información y causando molestias al gobierno entrante por lo menos durante un año más. Se los aseguro.

No hay un acceso público a la discusión y aprobación de este dictamen en el pleno puesto que el portal del Congreso del Estado, al que premiara el ITEA por su transparencia, no tiene acceso a las actas de sesiones o estenográficas. Podremos preciarnos de muchas cosas en nuestro estado, pero de entes públicos transparentes definitivamente no. No podemos esperar mucho de un congreso en el que únicamente uno de sus integrantes (Martha Márquez Alvarado) ha hecho pública su 3de3.

Quizá el lector no lo considere todo lo anterior grave pero ¿dónde hemos visto esto? ¿Dónde? Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, que tuvo la idea de proponer el 25 de junio de este año como auditor de su estado a alguien de su confianza, tratando de blindar su saliente administración, evitando investigaciones a su gobierno por supuestos malos manejos. Roberto Borge, el 6 de julio del mismo, tratando de nombrar a amigos suyos como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de su Estado. Congresos en múltiples estados de la República donde pasan como trámite toda iniciativa que el gobernador manda.

¿Dónde más lo vimos? Claro, en la controversia constitucional promovida por la PGR en contra de los Congresos de Veracruz (de Duarte) y Quintana Roo (de Borge) por emitir disposiciones tendientes a blindar a los gobiernos salientes.

Y bueno, el lector ya sabe los casos de corrupción de los estados antes citados. No se sorprenda de lo que encontraremos en un futuro de la administración a punto de terminar.

Esta es la Semana Nacional de Transparencia y justo esta semana ocurrió este despropósito. Perverso, fuera de término y (por si acaso algún valiente y con facultades leyera esto) vencible fácilmente a través de una controversia constitucional. Un año más en el que no dejaremos pasar oportunidad para recordarles a los comisionados María Cristina Díaz León, Ángel Hernández Arias y Ma. Elena Martínez López que estarán en el cargo un año más sin justificación alguna, que vivirán del presupuesto gracias a una perversión jurídica y que los vamos a recordar por eso.

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José Luis Álvarez Sánchez

José Luis Álvarez Sánchez

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