Una de las disputas importantes en los recientes procesos electorales que se han llevado a cabo en el país, particularmente en Aguascalientes, ha sido la correspondiente a la injerencia de los gobernantes y la propaganda gubernamental; las leyes no han sido suficientes para que los diversos actores políticos tengan en claro lo que sí pueden hacer y decir, y lo que no. Consecuentemente, las denuncias se han presentado ante las instancias respectivas, escalando tanto cuanto han creído necesario, los tribunales de la materia.
En el fondo de este cuadro de la realidad electoral, encontramos la presencia de la moral política; algunos restringen la vigencia de los principios morales, exclusivamente, al ámbito de la religión y sus conductas. Sin embargo, el diccionario de la lengua española nos ayuda a determinar con mayor amplitud y precisión, su significado: moral es un adjetivo “Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva… Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal”.
La referencia exclusiva a la religión, la encuentran en que la moral tiene como eje de las normas que una persona sigue en su conducta, individual o colectivamente, al bien y al mal, lo cual propicia, para esos algunos, su circunscripción a lo religioso. De ahí la importancia de ampliar la visión en su definición, para poder observar que la aplicación del concepto se da, prácticamente, en todos los órdenes de la vida, incluida la político-electoral; por lo tanto, en política también encontramos el bien y el mal, en obras u omisiones, como también en discursos de verdades o mentiras, desprendiéndose el necesario establecimiento de normas de conducta de moral política, que deben ser seguidas por todos los actores, sin excepciones.
¿Cómo encontramos, entonces, la vigencia de la doble moral política? Cuando un actor, sea gobernante, o candidato, o directivo de partido, actúa de manera distinta en ocasiones similares. Es decir, si en un determinado momento político, por conveniencia particular, requiere señalar o denunciar a algún contrincante por determinados hechos o dichos -como es la intromisión en una campaña electoral o la emisión de la propaganda gubernamental-, y ese mismo actor, en otro determinado momento político comete el mismo hecho o dicho que señaló y denunció en el otro, entonces, está viviendo una doble moral política.
Cuando hablamos de elecciones, sabemos lo que está en juego, en su sentido más bajo de la política: la conservación del poder y de sus privilegios (no el proyecto de sociedad que se busca y se construye con la participación de todos). Este punto es el que guía frecuentemente a actores que se manejan con doble moral política (es comprensible la expresión del Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, cuando -hace tiempo- en una reunión partidista decía que “ya supieron lo que era estar fuera del gobierno durante 12 años”).
En la pasada elección 2016, el PRI impugnó la presentación de propaganda gubernamental del presidente municipal de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo; el Tribunal Electoral confirmó la violación de la ley, y el Congreso del Estado prepara la sanción que le impondrá. La presidente estatal del PRI considera “las graves y sistemáticas violaciones cometidas a la Ley durante el proceso electoral… al entrometerse directamente en el proceso electoral a favor de beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional por difundir propaganda gubernamental durante la campaña” (LJA, 14 septiembre).
El diputado Eduardo Rocha, en el análisis de la sanción que se determinará, destaca que las violaciones a la ley cometidas por el Alcalde son de mayor gravedad a las faltas cometidas por el gobernador Carlos Lozano en el proceso electoral del año pasado (que llevaron a la anulación de la elección en el Distrito I), ya que son sistemáticas y premeditadas, y en el caso del gobernador fue un día, con un tuit (LJA, 22 septiembre).
Es aquí donde se observa la doble moral política de los priistas; olvidan cómo sucedieron los hechos de la propaganda gubernamental del gobernador Lozano durante el proceso electoral de 2015, que no fue solamente de un solo día en el que usó recursos del estado para promocionar a los candidatos de su partido.
En la hemeroteca de La Jornada Aguascalientes, encontramos los datos siguientes del proceso electoral 2015: 6 de junio el gobernador realiza gira para supervisar obras y proyectos educativos; el 4, realiza gira para supervisar obra pública, recordando que se han construido 18 pasos a desnivel; el 2, visita la Casa del Adolescente para informar inversión; 29 de mayo anuncia la construcción de 30 telebachilleratos; el día 26 anuncia inversión de 300 mdp para Centro de Convenciones San Marcos, y 300 para el nuevo Hospital Hidalgo; el 14 de mayo realiza gira para supervisión de obras, entre ellas las estaciones de transferencias, etcétera.
En todas estas actividades, y en muchas otras más, la parafernalia del gobernante (conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias, y de objetos que en ellos se emplean) implicó la utilización de la propaganda gubernamental en tiempos electorales, sin medida ni restricción, sistemática y premeditadamente, por supuesto a favor de su partido político. Recordemos sus frecuentes respuestas de que no está haciendo nada malo, ni violando leyes, además de su divertido dicho de que hubieran anulado la elección de los tres distritos, porque en todos hizo lo mismo.
La doble moral política sigue sucediendo cuando analizan diversas sanciones para aplicar al alcalde por la violación a la ley, y también consienten la violación a la Constitución (artículo 134) que sigue haciendo el gobernador en la propaganda gubernamental, en la que continúan exhibiendo su imagen.
La preocupación de los ciudadanos es que, ante la impunidad, se justificará que los gobiernos de otros partidos políticos ¿repitan el ejemplo?
