- Su éxito dependerá de la correcta aplicación y la eficiente coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, señalan
- La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fue aprobada con 303 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones
La secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Arlette Muñoz Cervantes, aseguró que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano permitirá ir hacia nuevos modelos de planeación de las ciudades, con mucho más orden, sustentabilidad y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Destacó que el escenario al que hará frente la nueva ley, es un escenario donde coexisten retos de gran tamaño como la presencia de poco más de 59 mil asentamientos irregulares en zonas de riesgo. A esto se suman, dijo, “la falta de opciones de movilidad sustentable y una explosión demográfica que va a la alza en la mayoría de las cincuenta y nueve zonas metropolitanas del país”.
La diputada Arlette Muñoz explicó que el grupo parlamentario de Acción Nacional votó a favor del dictamen, que abroga la ley de 1993, porque recoge elementos de gran valor para alcanzar un modelo urbano general que sea incluyente, colaborativo y que evite comprometer el futuro de las próximas generaciones a través de un uso racional del suelo y los recursos naturales.
Afirmó que su partido ve con buenos ojos la nueva ley porque garantiza la participación de los municipios en la planeación metropolitana y esto es fundamental, “ya que son los gobiernos locales quienes conocen las necesidades de infraestructura de sus demarcaciones y quienes se encargan de ejecutar proyectos en beneficio de la gente”.
Detalló que en el artículo 41 de la ley, por ejemplo, se establecen los elementos para garantizar la coordinación gubernamental en las Zonas Metropolitanas, lo que facilitará la planeación de obras y la ejecución de los presupuestos correspondientes.
La diputada federal por Aguascalientes señaló además que uno de los aciertos de la ley es que establece condiciones generales para que los municipios puedan establecer acciones concretas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
“La ley permitirá frenar el asentamiento descontrolado e irregular en zonas de riesgo o de alto impacto ambiental, lo que a la fecha representa una de las principales causas de la pérdida de vidas humanas y la afectación de áreas protegidas”, expresó Arlette Muñoz, “además se sentarán las bases para ir hacia un desarrollo urbano más ordenado, sustentable e incluyente, donde no se perderá la capacidad de los municipios en la planeación de las ciudades hacia el futuro”.
