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viernes, diciembre 5, 2025

Oculta Aguascalientes información sobre sueldos de funcionarios públicos

Hilda Hermosillo
Hilda Hermosillo
Periodista en ciernes. Contestataria y suspicaz por naturaleza, un tanto caprichosa, algo distraída, siempre aprendo de todo, vivo a pleno cada centésima de segundo y no podría vivir sin música. Equidad de género. Medio Ambiente. Derechos humanos. Justicia. Política y elecciones.

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  • El estado ocupa el décimo tercer lugar en información presupuestal; Coahuila, Jalisco y Puebla encabezan el ranking
  • La remuneración a los trabajadores del magisterio es el apartado con menor transparencia

 

En 2016, Aguascalientes se mantuvo en el lugar número 13 del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), con el objeto de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público.

El IIPE evalúa la calidad de la información de las finanzas públicas de las 32 entidades federativas, en cuanto a leyes de ingresos y egresos, desglose de recursos destinados a dependencias y oficinas de gobierno, pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos, la información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública, transferencias de recursos de entidades federativas a sus municipios, entre otros. Aguascalientes registró un cumplimiento del 83 por ciento en sus obligaciones de transparencia presupuestaria, tres puntos porcentuales menos que el año pasado.

La sección con la calificación más baja fue Tabuladores/Plazas, con una calificación de apenas 44 por ciento, doce puntos abajo del promedio nacional, de 56 por ciento. El estudio encontró que las páginas de transparencia sí desglosan el número de plazas de la administración pública estatal, así como el tabulador de salarios para mandos medios y superiores, las remuneraciones base, las remuneraciones adicionales o especiales y el monto destinado al pago de pensiones; sin embargo, no se transparenta el tabulador de plazas con desglose de empleados de confianza, base y honorarios, tampoco contiene el número de plazas del magisterio, no desglosa ni distingue el magisterio federal, del magisterio estatal, ni los maestros de confianza y base, ni presenta el tabulador de salarios del personal docente. El estudio no evaluó el presupuesto para el pago de laudos laborales, el tabulador de salarios del personal docente en educación básica y del personal docente universitario.

En contraste, las secciones mejor calificadas fueron Acceso General, Aspectos Generales, Recursos Federales e información de municipios, con el cien por ciento de cumplimiento; le siguen Criterios, con 88 por ciento; Deuda Pública, 83 por ciento; Rubros Específicos, 80 por ciento; Poderes y Dependencias, 77 por ciento y Clasificaciones con 71 por ciento.

Las entidades mejor evaluadas por IIPE este año fueron Coahuila, Jalisco y Puebla, las cuales presentan un cien por ciento de cumplimiento, mientras que Guanajuato obtuvo 99 por ciento y Tlaxcala, de 98 por ciento; por otro lado, siete estados tienen niveles reprobatorios: Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México, Michoacán y Quintana Roo, con 59, 58, 56, 56, 53, 50 y 48 por ciento, respectivamente.

En 2008, el Imco buscó información sobre las finanzas públicas estatales para realizar distintos análisis, sin embargo, no existía información y la que había se encontraba dispersa, heterogénea e incompleta. Por ello se inició el IIPE, un estudio que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad. Este índice evalúa a las 32 entidades federativas bajo 100 criterios divididos en diez secciones.

El Imco sostiene que la transparencia presupuestal -saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público- es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Con una buena planeación, los estados pueden adoptar una forma estructurada y clara de mostrar al ciudadano el uso de los recursos públicos.

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