- El partido demandó destitución e inhabilitación para el obispo de Aguascalientes por su intromisión en el proceso electoral
- Debe marcarse un presente de cara a las elecciones de los próximos años
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió una sanción ejemplar para el obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, por su intromisión en el pasado proceso electoral, con la finalidad de que esto no vuelva a repetirse en Aguascalientes ni en ninguna parte del país.
En conferencia de prensa, el presidente estatal del sol azteca, Emanuelle Sánchez Nájera, habló sobre la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre dar vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que sancionen al jerarca católico por la distribución de una carta pastoral en la que convocó a la feligresía a votar por el candidato que defendiera los valores de la tradición religiosa.
En opinión del perredista, De la Torre Martín debería ser inhabilitado, pues aseguró que el gobierno posee facultades para evitar que el prelado vuelva a ejercer el cargo que actualmente ostenta en ninguna parte del país -no así de expulsarlo o de excomulgarlo, ya que no son atribuciones del estado-, con el objeto de impedir futuras intervenciones de iglesias en la vida pública del estado y del país, de cara a los procesos electorales que se avecinan en los próximos años.
Destacó que aunque los magistrados electorales no lograron ponerse de acuerdo con relación a la influencia del clero en el resultado de los comicios, los cinco concordaron en que sí existió una intromisión en los comicios de Aguascalientes. La ejecución de las sanciones, apuntó, no debe ser cuestión de voluntad política, pues aunque las opiniones del ministro de culto pudieran parecer parte de la dinámica de un estado democrático, hay un fallo de por medio que se debe atender: “sabemos que la reacción del arzobispado mexicano, el pasado fin de semana, fue salir a decir que todo mundo tenía derecho a expresar y que debía escuchársele, incluyendo al máximo tribunal tenía la obligación de escuchar lo que ellos tenían que decir”.
Sánchez Nájera vio con preocupación que ante una eventual debilitación del Estado Mexicano, las iglesias comiencen a adoptar un lugar que no les pertenece, adquiriendo un poder muy peligroso puesto que incluso han tratado de sustituir decisiones que competen a la autoridad, con lo que además se violenta al Estado Laico: “Cada vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina algo que a ellos no les parece, salen no sólo a opinar sino a incidir públicamente para que su postura sea revertida”.
“El acto no debe quedar impune, no debe ser sólo un llamado de atención sino que debe dejarse un precedente para regresar al cauce lo que debe existir y no seguir solapando que el Estado Mexicano sea tan débil.”
