- El presidente del Movimiento Popular para la Emancipación Social, sugirió que Atusa pudo haber sobornado a funcionarios del gobierno estatal para lograr el incremento a la tarifa
- Manuel González indicó que la tarifa que cada uno de los camiones debe pagar sirve para el soborno
El incremento en la tarifa del transporte público es un hecho que sólo puede explicarse por vía de la lógica de la corrupción, apuntó Manuel González, presidente de la asociación civil Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes).
El domingo, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer que debido a la presión ejercida por parte de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), el pasaje del transporte público subiría a 7.50 pesos.
Este incremento, lamentó González, se explica sólo a través de un acto de corrupción entre Atusa y el Gobierno del Estado puesto que la empresa de concesionarios no ha querido aclarar qué ha sucedido con los alrededor de 25 millones de pesos de presupuesto anuales que se obtienen con el pago que hacen cada uno de los camiones urbanos para pertenecer a la organización.
Con ello, el presidente de Mopes dio a entender que estos 25 millones de pesos podrían ser utilizados para sobornar a las autoridades estatales quienes los han dejado trabajar con impunidad puesto que este presupuesto no se ve reflejado en ninguna otra área del transporte urbano.
“Este dinero no se reporta en ningún lado y, por lo visto, para lo único que sirve es para engordar los bolsillos de sus dirigentes, pero no sólo eso, sino que es útil para sobornar a los gobernantes en turno. Es muy lamentable que el gobierno haya cedido a esta presión ridícula pues los ciudadanos aún y con este incremento, estamos seguros que no habrá ninguna elemento de mejora en el servicio.”
El primer responsable de las modificaciones a la tarifa es el Ejecutivo estatal, quien debería apegarse a los acuerdos que se han firmado para la concesión, “el acuerdo del 9 de agosto de 2010, se lo pasaron por el arco del triunfo”.
En ese acuerdo, detalló, se señala que si no hay un proceso de modernización y los resultados del fideicomiso no se hacen presentes, la autoridad está facultada para retrotraer la tarifa a 5.50, “en todo este tiempo que duró la tarifa de seis pesos ni siquiera el atino de disfrazar medianamente su actuar recopilando las revistas que se les debieron haber hecho habitualmente a los transportistas”.
No existe ningún criterio de modernización pues no existen metas ni objetivos claros en los acuerdos y el código urbano ha beneficiado a quienes no están dispuestos a invertir en la modernización del servicio: “Este gobierno se ha caracterizado de ufanarse del progreso, la planeación y las estrategias de modernidad; pero en el transporte se vislumbran como unos idiotas porque no tienen lo más elemental para darle el seguimiento a un servicio como lo es el transporte”.
Durante una década, se quejó, los concesionarios tuvieron la oportunidad de plantear algún esquema de modernidad, sin embargo durante ese tiempo sólo se han convertido en un problema para Aguascalientes.
La opacidad del sistema de transporte se ve reflejada en el fideicomiso puesto que tanto el fideicomisario y el fideicomitente son el mismo ente: los concesionario; por lo tanto no existe la supervisión ni la transparencia en el manejo de ese dinero, “el fideicomisario es Atusa como persona moral, el fideicomitente son los concesionarios del servicio; entonces no hay nadie que vigile realmente eso, es un área completa de opacidad”.
El día de hoy Mopes realizará un acto informativo en la Plaza de la Patria con el que se buscará hacer saber a la ciudadanía de los perjuicios que Atusa ha dejado al sistema de transporte público de la ciudad, además de que dará a conocer las acciones jurídicas y políticas que llevará a cabo en contra de la unión de concesionarios.
