- Suspensión del amparo promovido por el alcalde podría darse el 8 de noviembre
- La Comisión de Gobierno no modificará su propuesta de inhabilitación y destitución
“No hay razones parlamentarias, políticas ni éticas para estar prolongando este periodo extraordinario, hoy lo concluimos”, señaló Jorge Varona Rodríguez, presidente de la mesa directiva del segundo periodo extraordinario de sesiones previo a la clausura de los trabajos, la mañana de este martes. El también presidente del grupo parlamentario mixto PRI-Verde explicó que si bien los trabajos se suspendieron durante la semana pasada, fue con el objetivo de esperar alguna resolución del Juzgado Segundo de Distrito, en torno a suspender o no el amparo promovido por el alcalde de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, en contra de la inhabilitación por dos años y destitución de su cargo, sanciones propuestas por la Comisión de Gobierno, también presidida por Varona Rodríguez, en los expedientes SER-PSC-94/2016 y SER-PSC-95/2016 Acumulados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“En virtud de que sigue vigente la suspensión provisional, razón por la cual dejaremos pendiente este asunto para una posible próxima sesión, o bien, se incluirá en el inventario que entregaremos a los integrantes de la siguiente legislatura”, no obstante el priista señaló que aún se espera que previo a concluir la actual legislatura sea posible la votación del acuerdo, en caso de que el mencionado juzgado resuelva el tema el 8 de noviembre, “si el próximo martes la autoridad judicial federal determina cancelar la suspensión de la acción, podríamos considerar la posibilidad de un nuevo periodo extraordinario (…) ya los tiempos no nos dan, está muy complicado, pero estamos en ejercicio constitucional hasta el día 14 inclusive, y ejerceremos nuestra responsabilidad hasta el último momento”.
De quedar sin efectos el amparo del presidente municipal, aseguró Varona Rodríguez, la Comisión de Gobierno no aceptará la petición del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), en torno modificar la sanción por una simple amonestación pública, “la actual Comisión de Gobierno no, pero si se pasa a la agenda de la siguiente legislatura, seguramente eso será, ya la siguiente legislatura decidirá lo que considere (…); el Pleno podrá modificar el punto de acuerdo, votarlo, regresarlo a Comisión de Gobierno; ya será decisión de ellos en su caso, salvo que eventualmente nosotros nos volviéramos a reunir”.
El diputado por el Revolucionario Institucional reiteró que la sanción propuesta obedece a las faltas cometidas por el alcalde emanado de Acción Nacional con base en la orden dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que aseveró que “nunca ha sido revancha, nunca ha sido una actitud contestataria ni persecutoria; es una decisión que hemos creído, primero en cumplimiento de la orden expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, segundo creemos que sí se ajusta a los parámetros constitucionales y a las previsiones de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
