- Rechaza Atusa el ingreso de nuevas empresas al servicio
- La tarifa no puede ser menor a los 8 pesos, insisten concesionarios
Concesionarios que han participado en el paro técnico que mantiene a cerca de 350 unidades de transporte urbano fuera de circulación ya han sido advertidos por escrito por parte del Gobierno del Estado que de no reanudar actividades podrían perder su título de concesión, reveló el líder de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), Alejandro Arriaga Ramírez, quien afirmó, “ya empezaron a llegar notificaciones, yo lo equiparo como un parcelario, un ejidatario, si tiene un título de concesión, pues la vamos a defender de acuerdo a derecho, legalmente, hay un principio de derecho, no me preocupa mucho”.
Al referir que no permitirán el despojo de las concesiones, señaló que tales acciones impactarían en la fuente laboral de cientos de choferes y demás empleados, “no es sólo cerrar la cortina, ¿qué hacemos con la fuente laboral? dependen cinco mil personas de nosotros, empleos directos, indirectos; entonces es una irresponsabilidad total de nuestra autoridad mencionar eso”.
Asimismo, Arriaga Ramírez rechazó la eventual entrada de un esquema de competencia en este servicio hacia los agrupados en Atusa, e incluso señaló que las unidades temporales que puso en marcha la autoridad estatal implican una competencia desleal, no obstante descartó acciones violentas en contra de las mismas, “¿quién va a estar de acuerdo? Definitivamente que no, los concesionarios celan su trabajo, si hay competencia ellos celan su trabajo, yo no, en lo personal, no he girado una instrucción para que haya conflictos, nosotros somos personas de paz, lo único que queremos es que se resuelva la situación”, señaló el líder de los concesionarios urbanos, quien agregó que sus operadores no rechazan las medidas de presión, pese a que éstas les implican importantes reducciones salariales.
Negó que Atusa y sus agrupados estén cerrados a reanudar el diálogo, no obstante reiteró que el aumento a autorizarse en la tarifa de este servicio no debe ser menor a los ocho pesos, aunque reiteró que para ser rentable la operación, sería necesario un costo de más de nueve pesos “ojalá se pudiera establecer una mesa de diálogo en donde las condiciones de la autoridad no sean tan radicales y tuvieran apertura para una negociación, y digo, una apertura de diálogo, no en cuanto a la intransigencia, la imposición. Y la postura continúa, en ocho pesos, no menos”, señaló Arriaga Ramírez.
