- 56 mil 364 violaciones afectaron el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, convirtiéndolo en el derecho humano más vulnerado en 2015
- En 25 por ciento de las violaciones que se denunciaron se responsabilizó a funcionarias y funcionarios de los ayuntamientos
Durante 2015, derivado de las quejas interpuestas por la población y los procedimientos iniciados de oficio, los OPDH conocieron de 158 mil 889 actos u omisiones de autoridades de los tres órdenes de gobierno que atentaron contra los derechos humanos de al menos 177 mil 60 personas (66 mil 53 mujeres y 81 mil 328 hombres) y de 9 mil 130 colectivos que se registraron como tales (gráfica 1). Si se compara esta información con la reportada por los OPDH un año antes, encontramos que el número de violaciones denunciadas aumentó, ya que durante 2014 se registraron 131 mil 632, afectando los derechos de al menos 100 mil 932 personas.
Junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los OPDH de Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, concentran 59% del total de violaciones registradas en 2015. En 2014 esta situación era similar, sólo que estos cuatro organismos concentraron menos violaciones denunciadas (53%).
Un indicador que podría ser de mayor utilidad para conocer la magnitud del número de violaciones presentadas en cada entidad, es la tasa de violaciones denunciadas ante los OPDH por cada cien mil habitantes, que permite relacionar la cantidad de éstas con la población susceptible de sufrirlas, que para el caso de los derechos humanos sería cualquier persona. De este modo, tenemos que a nivel nacional en 2015 se presentó una tasa de 137 violaciones por cada cien mil habitantes, mientras que en 2014 alcanzó un valor de 115.
Por entidad federativa, destacan tres estados que presentaron las mayores tasas en 2015, que incluso cuadruplican o duplican el valor nacional: Jalisco (479), Tabasco (313) y Ciudad de México (253). En contraparte, las entidades que presentaron las más bajas tasas fueron Veracruz con 16 hechos por cada cien mil y Querétaro con 13. Los datos de 2014 indican que Jalisco y Ciudad de México se mantuvieron dentro de las tres entidades con mayor tasa de violaciones denunciadas, mientras que Veracruz también fue la que menor tasa de violaciones denunciadas presentó ese año.
Cabe aclarar, que lo anterior puede estar hablando de un mayor o menor número de violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de esas entidades; aunque sería una interpretación parcial puesto que al ser violaciones denunciadas no se están considerando todos aquellos hechos que no se denuncian ante los OPDH, por lo que solamente podría estar hablando de una mayor o menor tasa de denuncia.
Aunque de forma general el número y tasa de violaciones aumentó entre 2014 y 2015, esta situación difiere cuando se observan los datos por entidad federativa: en 16 entidades la tasa aumentó (en distintos grados) y en 14 disminuyó.
Entre las entidades en las que aumentó la tasa de violaciones denunciadas sobresalen los casos de Tabasco, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas, en los que el valor de dicho indicador creció considerablemente: en Tabasco pasó de 87 a 313, en Jalisco de 255 a 479, en Quintana Roo de 116 a 158 y en Chiapas de 22 a 55. Las entidades en las que disminuyó la tasa, destacan los casos de cuatro en las que el descenso fue importante: Baja California Sur pasó de 253 a 109, Baja California de 142 a 55, Colima de 143 a 118 y Querétaro de 41 a 16.
Los derechos humanos más vulnerados
En 2015, casi dos tercios del total de violaciones denunciadas se refirieron a actos u omisiones que atentaron contra el Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal (56 mil 364 – 36% –), Derecho a la integridad y seguridad personales (24 mil 348 – 15% –) y Derecho a la protección de la salud (16 mil 185 –10%–).
Durante 2014, la naturaleza de los derechos humanos principalmente afectados fue similar: 56 mil 60 hechos vulneraron el derecho a la libertad y seguridad de la persona, 4 mil 414 el derecho a un juicio justo, 18 mil 80 el derecho a la integridad personal y 10 mil 193 el derecho a la salud.
Otros derechos principalmente afectados por las violaciones denunciadas ante los OPDH en 2015 fueron: derechos de las personas privadas de su libertad (10 mil 696), derecho a un medio ambiente sano, vivienda adecuada, al agua y a la alimentación (9 mil 837) y los derechos civiles (9 mil 83). Mención especial merece la cantidad de hechos que atentaron contra el derecho a la vida, que fueron 781, cifra relativamente menor pero que por su impacto y gravedad es importante visibilizar, y que con respecto a 2014 aumentó el número de casos, ya que en ese año se contabilizaron 503 hechos que lo vulneraron (Gráfica 3).
Distribución de los derechos humanos más vulnerados en las entidades federativas y OPDH
De las 56 mil 364 violaciones denunciadas que atentaron contra el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal¸ 6 de cada 10 se presentaron ante seis organismos: 14% las registró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 11.5% el OPDH de Puebla, 9.5% Tabasco, 9.4% Estado de México, 8.6% Ciudad de México y 6.1% Jalisco.
La distribución por entidad de las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personales muestra que la tercera parte de éstas se presentaron principalmente ante el organismo de derechos humanos de Jalisco (33.4%), seguido del correspondiente a la Ciudad de México (9.4%), Puebla (5.8) y el Estado de México (5.5%).
Respecto a las violaciones que vulneran el derecho a la protección de la salud, se observa una mayor concentración en un pequeño número de entidades y organismos. Nuevamente aparece Jalisco con la mayor proporción, con 46.4%, seguido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (18.7%) y la Ciudad de México.
Por último, se observa que la mayoría de las violaciones denunciadas por la población que atentaron contra el derecho a la vida, se presentaron ante 5 organismos principalmente, concentrando en conjunto casi dos terceras partes del total: 18% corresponden a Morelos, 15% a la Ciudad de México, 13% a Michoacán, 7% a Coahuila y 11% se presentaron ante la CNDH.
Los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos
Las servidoras y servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 82 mil 220 presuntas violaciones (51%), seguidos por las instituciones municipales (56 mil 302 – 35% –) y por último las federales (22 mil 185 –14%–). Esta situación era similar en 2014, cuando 60% pertenecía al orden estatal, 27% al municipal y 17% al federal.
En 2015, respecto de las autoridades federales, las principales instituciones señaladas fueron: Instituto Mexicano del Seguro Social (3 mil 948 presuntos hechos), Instituto Nacional de Migración (2 mil 253), Policía Federal (2 mil 159 hechos), Procuraduría General de la República (2 mil 11), Sistema Penitenciario Federal (mil 719), Secretaría de la Defensa Nacional (mil 604) y Secretaría de Marina (mil 131).
Las principales autoridades señaladas en el orden estatal fueron: las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas (24 mil 531 presuntos hechos), Secretarías de Seguridad Pública estatales (12 mil 949) y Secretarías de Educación Pública estatales (9 mil 608).
Mientras que en el orden municipal, la mayoría de las violaciones se atribuyeron a los Ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas, regidurías) con 40 mil 435 presuntos hechos y a las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública municipales (11 mil 91).
Principales violaciones al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal
A grandes rasgos, el derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene toda persona a vivir dentro de un Estado de Derecho, es decir, a ser protegida por el Estado y que éste se maneje dentro del orden jurídico establecido. Dentro de este derecho se pueden agrupar un gran número de actos u omisiones que van desde aspectos generales del desempeño de la función pública hasta cuestiones más específicas, enfocadas principalmente a los procesos de procuración e impartición de justicia, que en general se podrían identificar con las garantías judiciales y el debido proceso o juicio justo.
En 2015 la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (10 mil 905 hechos), la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos (9 mil 445) y otros actos u omisiones contra el derecho a un adecuado funcionamiento de la administración pública (2 mil 122), representaron casi 40% de los hechos que vulneraron el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal que se denunciaron ante los OPDH.
n el ámbito del debido proceso y las garantías judiciales destacan: la Detención arbitraria que presentó 7 mil 255 hechos violatorios, los actos y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas y/o personas ofendidas (4 mil 109), la omisión en la fundamentación y motivación de un acto de autoridad (3 mil 903), la indebida dilación del juicio (mil 543), la retención ilegal (mil 229), la negativa, restricción u obstaculización de la adecuada protección judicial (933 hechos) y el Incumplimiento de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o visitas domiciliarias (903 hechos) (Gráfica 5).
Se identificaron 64 mil 139 víctimas de violaciones al Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, 21 mil 789 fueron mujeres (34%) y 38 mil 833 hombres (61%), de 3 mil 517 (5%) no se contó con información sobre su sexo.
Respecto de las violaciones que tienen que ver con el desempeño de la administración pública y el principio de legalidad en general, se registraron 25 mil 795 personas (40%), mientras que en la temática del debido proceso y las garantías judiciales destaca que 8 mil 473 personas se ubican en la Detención arbitraria¸ 4 mil 965 en omisión en la fundamentación y motivación de un acto de autoridad, 4 mil 781 en actos y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas y/o personas ofendidas, mil 580 en indebida dilación del juicio, y mil 428 en retención ilegal.
Principales violaciones al derecho a la integridad y seguridad personales
El derecho a la integridad y seguridad personales implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, que las autoridades respeten y protejan su integridad física, psíquica y moral. Entre las violaciones más importantes que vulneran este derecho se encuentran algunas de particular importancia por la magnitud del agravio y la posibilidad de que con ellas se afecten otros derechos: la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la tolerancia u omisión para la protección contra trata de personas o explotación con fines sexuales.
Durante 2015, los OPDH recibieron denuncias por 11 mil 504 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 985 de tortura, representando en conjunto poco más del 55% del total de hechos violatorios de este derecho. También registraron 727 hechos de omisión para brindar medidas efectivas de protección y 16 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales. Cabe aclarar que para los hechos restantes los OPDH señalaron en su mayoría de forma general como actos u omisiones contrarios al derecho a la integridad y seguridad personal u otras violaciones a este derecho (Gráfica 7).
En las violaciones a este derecho se identificaron 54 mil 705 víctimas, cifra significativamente mayor al total de violaciones registradas (24 mil 348), lo que parece indicar que los actos que lo vulneran afecten en promedio entre dos y tres personas cada uno.
La desagregación por sexo de las víctimas violentadas en este derecho indica que poco más de la mitad de las personas afectadas son hombres (28 mil 165 –51%–) y 42% son mujeres (22 mil 861), para el 7% restante no fue posible especificar el sexo. En este derecho se observa un incremento de la proporción de mujeres respecto de los otros derechos principalmente violentados (en aquellos el porcentaje de mujeres es menor de 25).
En la distribución por sexo de cada una de las violaciones específicas del derecho a la integridad y seguridad personales, encontramos que casi dos terceras partes de las mujeres víctimas (63%) lo fueron por la omisión de brindar medidas efectivas de protección, 2% fueron víctimas de tortura y 15% (3 mil 500) de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mientras que en los hombres se observa un mayor porcentaje de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (6% y 31%, respectivamente) (Gráfica 8).
Principales violaciones al derecho a la salud
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud se entiende como el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr; se relaciona con la disponibilidad de servicios de salud y abarca libertades como el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo sin injerencias no consensuadas y derechos como el acceso a un sistema de protección de la salud sin discriminación.
De entre las principales violaciones a este derecho humano destacan: la omisión de la prestación de atención médica (4 mil 23 hechos –46%–), negligencia médica (1044 hechos –12%–) y obstaculización, restricción o negativa al acceso a los servicios de salud (964 hechos –11%–) (Gráfica 9).
Por lo que se refiere a las víctimas afectadas en su derecho a la protección de la salud, se registraron 17 mil 128 personas, 6 mil 479 hombres y 3 mil 783 mujeres. Del restante, no se especificó su sexo.
La desagregación por sexo de las violaciones específicas que atentan contra este derecho muestra algunas diferencias entre mujeres y hombres: más mujeres son afectadas por abandono del paciente (65%) y por negligencia médica (54%). En las demás violaciones la mayoría de las personas afectadas son hombres, destacando la omisión de la prestación de atención médica (72%) y la obstaculización, restricción o negativa al acceso a los servicios de salud (66%) (Gráfica 10).
Principales violaciones al derecho a la vida
El derecho a la vida es un derecho fundamental que protege a la persona de ser privada de la vida por terceros y obliga al Estado a respetarla en el ejercicio de sus funciones.
La mayoría de las violaciones al derecho a la vida que los OPDH registraron corresponde a privación de la vida, falta de adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida y omitir brindar atención, cuidados o prestar auxilio teniendo la obligación de hacerlo (466 presuntos hechos –60%–).
Entre otras violaciones a este derecho destacan la desaparición forzada con 111 casos (14%), la omisión en la investigación de actos que atentan contra el derecho a la vida (97 hechos –12%–) y la ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria (42 hechos –5%–) (Gráfica 11).
Las violaciones al derecho a la vida afectaron a 837 personas, de las cuales 56% fueron hombres y 24% mujeres. Del restante, no se contó con información de su sexo. Por violación específica se tiene que hubo 128 víctimas de desaparición forzada, entre ellas 30 mujeres (23%) y 91 hombres (71%); 62 personas relacionadas con ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria (76% hombres y 18% mujeres) y 58 personas afectadas por omisión en la investigación de actos que atentan contra el derecho a la vida (76% hombres y 19% mujeres) (Gráfica 12).
Acciones y medidas promovidas por los OPDH para la protección y defensa de los derechos humanos
Durante 2015 los treinta y tres OPDH del país promovieron o llevaron a cabo un total de 18 mil 460 medidas o acciones con el fin de defender y proteger los derechos humanos de las personas en contra de actos u omisiones de autoridades federales, estatales o municipales.
Más de la mitad de éstas se refirieron a casos en los que solicitaron medidas precautorias o cautelares (10 mil 205 – 55% –), casi una tercera parte fueron conciliaciones promovidas (5 mil 810 – 31.5% –), y alrededor de 1 de cada 10 fueron recomendaciones dirigidas a autoridades señaladas como presuntas responsables de hechos violatorios (2 mil 166 – 12% –).
El número de medidas y acciones registradas aumentó con respecto a 2014; en ese año se registraron 15 mil 985 medidas, 9 mil 677 solicitudes de medidas precautorias o cautelares (60%), 4 mil 326 conciliaciones promovidas (27%), mil 978 recomendaciones emitidas (12%) y 4 acciones de inconstitucionalidad.
De las 2 mil 166 recomendaciones emitidas por los OPDH en 2015, se observa que la mayoría también responde a los principales derechos humanos vulnerados por los hechos violatorios señalados anteriormente: 999 recomendaciones fueron motivadas por violaciones al derecho a la seguridad jurídica y libertad personales, 687 responden al derecho a la integridad y seguridad de la persona y 189 al derecho a la protección de la salud. 87 recomendaciones se motivaron por violaciones al Derecho a la vida.
