- La incidencia de desaparición forzada se disparó cuando se ordenó al Ejército salvaguardar las calles: Angélica de la Peña
- Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas no son completamente confiables
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que en México actualmente hay más personas extraviadas por agentes del Estado -también conocida como desaparición forzada- que por el mismo crimen organizado.
La legisladora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) detalló que a diferencia de su otra clasificación, la desaparición forzada ocurre cuando la privación de la libertad fue cometida por trabajadores del Estado -policías, ministerios públicos, soldados-, o bien, por un particular autorizado por un agente del estado o por la omisión de los agente del estado, “se define a partir de lo perpetrado por los nazis que desaparecían a las personas vivas o muertas”.
El otro fenómeno del delito es la desaparición cometida por particulares, sin la presencia de ninguna forma de la autoridad, situación que el ámbito nacional se ha convertido en un problema por los ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales que gozan de creciente presencia.
“Necesitamos en primer lugar definir que una persona desaparece porque no llega a su casa o a donde normalmente tenga que llegar, esa persona desapareció, y hay que buscarla inmediatamente cuando se tenga noticia, denuncia o reclamo. Si hay elementos por parte de quienes levantan esa denuncia y dicen que la persona pasó por una caseta y la retuvo un retén de soldados, hay un indicio de desaparición forzada”, dijo en entrevista colectiva.
En opinión de la perredista, la incidencia de desapariciones forzadas se disparó desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien decidió sacar a las calles al Ejército para el desempeño de las funciones de la Policías, con lo que puso en estado de vulnerabilidad tanto a los ciudadanos como a los militares, pues ellos están adiestrados para enfrentar al enemigo en una situación de guerra, no a la delincuencia urbana.
Reconoció, sin embargo, que las cifras presentadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) no son del todo confiables porque cada entidad administra su propio registro, las que lo tienen, “pero luego no son muy fidedignos respecto a los datos que se tienen en otros estados”.
Ambos delitos tienen la misma sanción punitiva, que es de 35 años de cárcel “cambia mucho dependiendo del tipo delito y el vínculo con otros delitos como tortura y trata de personas; no es lo mismo el que desaparece que el que vio e hizo pacto. Todo eso impacta mucho la cadena de mando”.
